La comisión del Congreso pone el foco en la rama canaria del caso Koldo e interroga el lunes a Ángel Víctor Torres
La comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia indagará este lunes en la vertiente canaria del caso Koldo e interrogará al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en su condición de expresidente del archipiélago.
En concreto, el Gobierno canario adjudicó a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la empresa de la trama a la que da nombre el exasesor del Ministerio de Fomento Koldo García, cuatro contratos por 12,3 millones de euros.
Pero, además, la Fiscalía Europea está investigando los contratos Canarias cerró con la empresa para la compravente de vehículos RR7 United por valor de 4 millones de euros para la adquisición de un millón de mascarillas que resultaron ser falsas.
El primero en comparecer el lunes en el Congreso, a las tres de la tarde, será al exviceconsejero de Presidencia Antonio Olivera, actual jefe de Gabinete del ministro de Política Territorial, quien se someterá al interrogatorio de los comisionados a partir de las seis.
DE INFERIOR CALIDAD A LAS CONTRATADAS
A ambos se les pedirán cuentas por los contratos suscritos con Soluciones de Gestión: Uno por 6,8 millones, otro de 4,77, un tercero de 5 millones y un pago de 417.814 euros en concepto de fletes aéreos, transporte y seguros de transporte de las mascarillas.
En abril de 2020, la empresa de la trama Koldo entregó 837.000 unidades, pero ese material era de inferior calidad al encargado –no eran mascarillas FFP2, sino FFP1–. La empresa propuso que se valorasen como quirúrgicas (84,5 céntimos la unidad), ofreció 555.000 unidades de otro fabricante con calidad acreditada FFP2/K95 y el SCN aceptó.
Segun la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al ser defectuosa la primera remesa recibida hubo que negociar nuevos importes más baratos y que se «confeccionaron contratos para dar cobertura justificativa a esas entregas de material que se habían realizado previamente». Sin embargo, desde el anterior gobierno canario sostienen que nunca hubo «variación o modificación del contrato».
CASO MASCARILLAS
También saldrá a colación en los interrogatorios el bautizado como caso mascarillas por el que el SCS abonó cuatro millones de euros por adelantado a una empresa que no se dedicaba al negocio sanitario (RR7 United) por un millón de mascarillas que nunca se llegaron a recibir, pues fueron destruidas por agentes de aduanas al detectarse que eran falsas.
Además, en Canarias se investiga un tercer asunto relacionado con la compra de material sanitario, el presunto fraude fiscal de dos empresas valorado en más de 22 millones. En este caso se investiga entre otros al presidente de la Unión Deportiva (UD) Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y a Lucas Bravo de Laguna, exdiputado de Unidos por Gran Canaria en la anterior legislatura autonómica y que antes había sido dirigente del PP insular.
