La ONU alerta de que 45.000 rohingyas se han desplazado hacia la frontera con Bangladesh
La UE y sus socios expresan su preocupación por el aumento de la violencia en el oeste de Birmania
Naciones Unidas ha alertado este viernes de que unos 45.000 rohingyas han tenido que desplazarse durante los últimos días hacia la frontera con Bangladesh, en el estado birmano de Rajine, debido al recrudecimiento de los enfrentamientos entre el Ejército y los grupos rebeldes en los municipios de Buthidaung y Maungdaw, en el oeste del país.
La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, ha indicado en un comunicado que existen informes «aterradores e inquietantes», basados en indicios recabados en el norte del estado de Rajine, que muestran los efectos del conflicto armado que atraviesa el país en las «vidas y propiedades» de los civiles de la zona, que cuenta con una amplia población de la minoría musulmana rohingya.
Más de un millón de rohingyas se encuentran ya en Bangladesh, huyendo de anteriores purgas, tal y como ha denunciado Throssell, que ha pedido a las autoridades de Bangladesh y de otros países de la zona que «proporcionen protección efectiva a quienes buscan ayuda de acuerdo con el Derecho Internacional».
En este sentido, ha instado a garantizar la «solidaridad internacional» con Bangladesh en relación a la acogida de refugiados rohingyas después de que los testimonios recabados apunten a la quema de propiedades de miles de personas.
«Un superviviente ha descrito haber visto decenas de cadáveres mientras huida de la región. Otro ha dicho que formaba parte de un grupo de desplazados que fueron bloqueados por el Ejército de Arakán (AA) en la carretera que une Buthidaung con la ciudad de Maungdaw», recoge el documento, que apunta a que los propios rebeldes habrían cometido abusos en la zona. Según la ONU, los rohingyas que se encuentran en estas zonas llevan semanas describiendo su huida y denunciando la falta de alimentos para sus familias.
Así, han denunciado que las fuerzas de la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de febrero de 2021 están atacando también a los civiles. «Durante años, el Ejército ha atacado a los rohingyas y ha aplicado activamente restricciones draconianas y discriminatorias que afectan a todos los aspectos de sus vidas», ha denunciado Throssell.
Desde la ONU han pedido que se ponga fin cuanto antes a la violencia y se proceda a «proteger a todos los civiles sin distinción alguna por motivos de identidad». «Debe permitirse el flujo rápido y sin trabas de la ayuda humanitaria, y todas las partes deben cumplir plena e incondicionalmente el Derecho Internacional, incluidas las medidas ya ordenadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para la protección de los rohingyas», ha puntualizado.
LA UE EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA
Este mismo viernes, la Unión Europea, junto a Estados Unidos, Australia, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Reino Unido y Suiza han mostrado su «profunda preocupación» por el aumento de la violencia en Birmania y, particularmente, por el «creciente daño a los civiles, que está provocando un empeoramiento de la ya de por sí devastadora crisis humanitaria» existente.
En un comunicado conjunto, han recalcado que desde el golpe de Estado el número de personas con necesidades humanitarias ha pasado de un millón a 18,6 millones. Además, han alertado de que existen «informaciones creíbles de violaciones y abusos comentidos contra la población civil, como ataques aéreos contra viviendas, escuelas, lugares de culto y hospitales», entre otras infraestructuras.
Es por ello que han advertido de que a medida que el conflicto se agrava «comunidades de todo Birmania se ven sometidas a nuevos desplazamientos». «El régimen militar está restringiendo sistemáticamente el acceso a la ayuda humanitaria que salva vidas. Nos preocupa la creciente escasez de agua y alimentos y la denegación generalizada del acceso a la atención sanitaria, los medicamentos y los servicios humanitarios vitales», han sostenido.
«El continuo bloqueo de las carreteras y las telecomunicaciones en las zonas de conflicto está dificultando la entrega de ayuda humanitaria y el acceso a la información», han sostenido antes de hacer hincapié en que más de mil civiles murieron o quedaron mutilados a causa de la explosión de minas en 2023.
Por otra parte, han denunciado que «un número cada vez mayor de personas son víctimas de la trata y retenidas contra su voluntad», al tiempo que han instado a las partes enfrentadas a «garantizar que se da prioridad a la protección de los civiles». «Nos preocupa profundamente la aplicación por parte del régimen militar de la ley de reclutamiento de 2010, que está aumentando el número de desplazados. Esta medida sigue intentando dividir a las comunidades y alimentar la violencia basada en la identidad en todo Birmania», han lamentado.
El documento hace hincapié en la importancia de la «rendición de cuentas por todas las atrocidades acontecidas en Birmania» y acoge «con satisfacción» la resolución 2669 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Birmania, en la que se pide el «fin inmediato de todas las formas de violencia».
Por último ,han pedido la liberación de «todas las personas detenidas arbitrariamente» para aplicar «íntegramente» el consenso de cinco puntos acordado por la Asociación de Estados del Sureste Asiático (ASEAN) en forma de hoja de ruta para impulsar el diálogo entre las partes enfrentadas en el país y lograr el restablecimiento de la democracia.
«Seguimos apoyando decididamente a todos los que se han comprometido a trabajar pacíficamente por un futuro inclusivo, no violento y democrático para el pueblo de Birmania», han zanjado.
