El Gobierno se abre a revisar el convenio del «rescate» de periodos de prácticas tras las críticas recibidas
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha mostrado su disposición a revisar la orden que regula el nuevo convenio especial para recuperar periodos de prácticas no laborales tras las aportaciones recibidas por parte de los agentes sociales para modificarlo.
Así lo ha manifestado este lunes el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, tras reunirse con sindicatos y patronal en la Mesa del Diálogo Social.
En esta nueva reunión, Suárez ha explicado que «de forma espontánea» se ha puesto encima de la mesa el convenio especial «para el rescate» de periodos de prácticas publicado el pasado 1 de mayo en el Boletín Oficial del Estado.
«Es una medida que tiene su origen en el diálogo social y, desde ese punto de vista, a partir de las manifestaciones que los propios sindicatos, la propia patronal, han hecho durante este tiempo, aparte de otros actores, de otros afectados, nos ha parecido oportuno abordar este asunto y escuchar qué es lo que tenían que decir, y cuáles eran los aspectos que no resultan satisfactorios», ha señalado.
El secretario de Estado ha hecho hincapié en que este desarrollo reglamentario «procede del diálogo social». «Vamos a valorar todas esas aportaciones. En los próximos días tenemos reuniones con colectivos afectados por esta medida, lo que vamos a hacer es escuchar a todo el mundo», ha afirmado.
«Es evidente que la medida tiene su origen en este ámbito (el diálogo social), es en este ámbito donde tenemos que resolver si hay que hacer algún ajuste o alguna modificación. Tendremos que resolverla en este ámbito, lógicamente», ha aseverado.
Por su parte, Comisiones Obreras ha propuesto que la cobertura del nuevo convenio especial para recuperar periodos de prácticas no laborales debe extenderse a cinco años completos, sin integrar en este plazo los periodos que ya se hayan podido cotizar mediante el convenio que se reguló en 2011.
El sindicato explica que la ampliación a cinco años de cobertura se debe, entre otras razones, «al retraso que se ha producido por decisión de la administración de Seguridad Social en la entrada en vigor de la obligación de cotización para las empresas y centros educativos de las prácticas formativas no remuneradas».
Pese a que el acuerdo para extender el derecho a su cotización se produjo en julio de 2021, no ha sido hasta enero de 2024 cuando ha entrado en vigor.
Para CCOO, la recuperación de cinco años completos con este nuevo convenio especial, adicional al periodo de dos años que preveía el convenio de 2011, garantiza la plena cobertura para la práctica totalidad de prácticas formativas no laborales que se hayan podido producir en el tiempo.
Además, «facilitaría el reconocimiento de una parte relevante de las carreras de cotización que han tenido los colectivos de personal investigador que hasta hace poco sufrían una grave precariedad y que acumulan, en los casos más extremos, hasta 14 años de laguna de cotización de periodos dedicados a la investigación en los que no existía la obligación de cotización para las instituciones para las que prestaba servicio».
