Cataluña lleva a los tribunales el tope a los alquileres del Gobierno

El Govern reclama que se apliquen los dos límites de forma simultánea

BARCELONA, 8

La consellera de Territorio de la Generalitat catalana, Ester Capella, ha anunciado que el Govern ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el tope a los alquileres aprobado por el Gobierno.

Ha tomado esta decisión tras haber pasado el mes que el Gobierno tenía para dar respuesta al requerimiento presentado a principios de abril para incluir el índice catalán en la regulación de precios del alquiler estatal, para que ambos se apliquen de manera simultánea y compatible en Cataluña.

Según Capella, la no aplicación de ambos índices de manera simultánea va contra Ley de Vivienda, ya que el texto legal defiende que «se promoverán los mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas» que hayan desarrollado sistemas de referencia de precios.

En todo caso, la Generalitat no pedirá medidas cautelares, ya que prefiere que se mantenga el tope en vigor de los precios de los alquileres.

Capella ha afeado que el Ministerio no haya dado respuesta al requerimiento, algo que ha calificado de «inverosímil», y ha criticado que el Gobierno, según ella, incumpla sus propias leyes.

La consellera ha reclamado que el Gobierno «atienda a las cuestiones de las que es competente» y ha recordado que la Generalitat ha tenido que legislar para, en sus palabras, llenar los agujeros que dejó la ley estatal de vivienda.

DIFERENCIAS ENTRE ÍNDICES

El Gobierno aprobó a mediados de marzo un sistema de rango de precios homogéneo para todo el territorio nacional que establece precios máximos y mínimos para una vivienda a partir de las características de la misma, en cambio, la Generalitat defiende un índice con una cifra única.

Otras diferencias entre los sistemas son que el estatal utiliza datos tributarios y el catalán utiliza datos del Institut Català del Sòl (Incasòl), y que el ámbito geográfico que se tiene en cuenta es distinto en cada caso.

La propuesta de la Generalitat para compatibilizar los sistemas es que el tope escogido siempre sea el que favorezca al arrendador: si el precio más bajo es el índice catalán, se aplica este, pero si este sobrepasa la cifra máxima del baremo estatal, se aplica el de alcance nacional.

ANÁLISIS DE MERCADO

Para justificar que la aplicación del índice catalán favorecería a la ciudadanía, la Generalitat realizó un estudio con una muestra de 23.000 viviendas en alquiler que concluye que el índice catalán es más bajo que el estatal en el 79% de los pisos analizados.

Si se analizan los alquileres que actualmente se sitúan por encima de cada índice, el estatal haría bajar el precio un 6,2% de media y el catalán un 11,2%, y la combinación de los dos un 11,9%.

Según el informe, el catalán es especialmente efectivo en los pisos que ahora pagan un alquiler más alto, con una reducción del 11,7% frente a una del 7,3%.