Expertos apuestan por la negociación colectiva para guiar el uso de la IA en empresas
Ante la indefinición normativa
La negociación colectiva es «clave» para guiar la implantación de la IA en la empresa española ante la indefinición normativa, según los expertos participantes en un webinar sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el diálogo social, organizado por IA+Igual.
Los ponentes, el director del área de estudios laborales de Unión Sindical Obrera (USO), José Luis Fernández, y la abogada y responsable de Comunicación Corporativa de SincroGO, Estela Martín, han subrayado que, tanto la empresa como los representantes de los trabajadores, deberían ser «más proactivos» para aprovechar las ventajas de la IA y minimizar los riesgos en temas como «la destrucción de empleo» o «el posible impacto negativo en la diversidad de la empresa».
En esa línea, ambos destacan la necesidad de adoptar medidas concretas en las empresas porque, como ha indicado Martín, «se están jugando el modelo de relaciones laborales del futuro». Los expertos del webinar aseguran que la llamada Ley IA –un reglamento europeo que entrará en vigor en 2026–, «corre el riesgo de quedarse obsoleta frente a la velocidad a la que avanza la IA».
No obstante, aunque España «no tiene un marco regulatorio claro» y está «sometida a cierto grado de voluntarismo» por parte de la Unión Europea, el país, como ha destacado Fernández, cuenta con «cierta ventaja» frente a otros como EEUU, «que apuestan por un modelo de autorregulación de las empresas». «Nuestra normativa es más garantista con las personas», ha apostillado.
En ese contexto, para la directiva de SincroGo la clave es el diálogo social pues «deberían estar negociando usos concretos de IA y límites en el marco de la negociación colectiva sin dejar pasar más tiempo». En concreto, Martín ha hecho hincapié en los planes de igualdad de las empresas y la necesidad de que se eviten sesgos como el de la edad, entre otros.
Asimismo, como ha añadido el representante de USO, la IA puede ayudarles en la fase diagnóstica de la negociación colectiva para «analizar la situación real de las empresas» y «seguir avanzando hacia un empleo mejor pagado y que favorezca la conciliación, sin perder de vista otros grandes temas como la productividad o el presentismo». En su opinión, el diálogo social «no avanza a la velocidad necesaria» porque el papel de la CEOE, Cepyme, UGT y Comisiones Obreras es «muy institucional y artificial».
El sindicalista cree que, más allá de la obligación de informar sobre el uso de la IA a la representación de los trabajadores y a los propios empleados, «es necesario detallar cómo se ha entrenado el modelo para entender los inputs de entrada y salida del algoritmo, por ejemplo». Según ha indicado, la IA «puede facilitar el análisis para estudiar temas de negociación colectiva con mayor recorrido que la entrada y salida de los trabajadores siempre que se actúe con sentido común».
LA IA AFECTA A LOS TRABAJOS DE MEDIA Y ALTA CUALIFICACIÓN
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del pasado mes de agosto minimizaba el impacto de la IA en el empleo, mientras que otro del Fondo Monetario Internacional del mes de enero alertaba acerca de una gran eliminación de puestos de trabajo. Así, como ha destacado Martín, se trata de una «situación nueva» porque, «tradicionalmente, los avances que permitían automatizar algunos trabajos afectaban a puestos de baja cualificación, mientras que la IA tendrá también impacto en los de media y alta cualificación».
Mientras se produce la creación y destrucción simultánea de puestos de trabajo, hay que gestionar los tiempos y entra en juego una medida que propone Fernández: la formación para dotar de nuevas capacidades a los trabajadores. En su opinión, el Servicio Público de Empleo (SEPE) «no puede seguir tan alejado de las necesidades del mercado laboral» y «dedicarse a gestionar la prestación por desempleo a nivel estatal, al tiempo que deriva la búsqueda trabajo al ámbito autonómico donde se actúa sin coordinación». «Urge un plan de modernización de la Administración Pública mediante IA para responder a la demanda real del empleo», ha apostillado.
En esa línea, Martín considera que el problema no es para qué usar la IA –«en cada sector es importante analizar el tema mediante la negociación colectiva»–, sino «el impacto que tiene no utilizarla a nivel de empleabilidad». Por eso, propone a las empresas recurrir a un DAFO –análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades– y «utilizar la IA para posibilitar medidas como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en los sectores en que sea posible o la jornada semanal de 4 días sin merma productividad».
Asimismo, la directiva pide que los planes de igualdad incluyan «una mención expresa sobre no discriminación de ningún tipo, tanto en la empresa como en los proveedores subcontratados». Según ha especificado, algunas empresas usan IA para hacer presentaciones sobre sus planes de igualdad «sin darse cuenta de los sesgos que trasladan el texto y las imágenes» y esto es «un tema de dirección estratégica de personas». Por ello, se pregunta «para qué sirve hablar de lenguaje inclusivo si los catálogos que utiliza la empresa están llenos de sesgos».