Sumar alerta de pueblos donde no se denuncia para evitar «problemas» con la Guardia Civil y el Gobierno lo niega
El Ejecutivo recuerda que hubo 233 quejas el último año y alude a cuestiones competenciales y al sistema de cita previa
El Gobierno ha negado que existan problemas generalizados en zonas rurales para que los ciudadanos interpongan denuncias ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en respuesta a una pregunta de Sumar en la que diputados del socio del PSOE en el Gobierno aludían al temor a la hora de interponer dichas quejas porque «puede acarrear problemas en su pueblo con la Guardia Civil». Además, querían saber si esto podía «generar un falseamiento de la estadística delincuencial».
«No existe ningún tipo de limitación del derecho a interponer denuncias», ha sostenido el Gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito con fecha de 18 de abril de 2024, a la que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, el Gobierno explica que 2023 registró un total de 233 quejas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 22 casos más que en 2022, por la incapacidad de los ciudadanos de tramitar sus denuncias, mencionando las discrepancias derivadas de cuestiones de competencia territorial y el sistema de cita previa.
«Con respecto al posible falseamiento de los datos, hay que señalar que la Estadística Nacional de Criminalidad se conforma con la información que se incorpora en el Sistema Estadístico de Criminalidad, siendo la variable localización del hecho la que determina su atribución a un ámbito geográfico determinado», precisa el Ejecutivo.
PROBLEMA DE EXTREMA GRAVEDAD
Sumar registró una pregunta sobre el grado de conocimiento del Gobierno respecto al «aumento de las quejas ciudadanas» por el deficiente funcionamiento en la tramitación de denuncias de algunos cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Sevilla.
En su escrito, los diputados de Sumar decían que eran conscientes de que los agentes de las Fuerzas de Seguridad hacen «por lo general una labor esencial y con vocación de servicio público envidiable».
«Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con agentes de la Policía Nacional que han manifestado que la mayoría de los ciudadanos que llegan a sus oficinas de denuncias desde los cuarteles donde la Guardia Civil no ha cumplido con su obligación de tramitar las denuncias, al ser informados de la posibilidad de interponer queja, deciden no hacerlo porque piensan que eso les puede acarrear problemas en su pueblo con la Guardia Civil», recogía Sumar en su escrito, añadiendo que «este hecho es de extrema gravedad».
Por este motivo, los diputados Juan Antonio Valero y Engracia Rivera preguntaban al Gobierno si esta situación «puede generar un falseamiento de la estadística delincuencial» o influye a la hora de «limitar los derechos de la ciudadanía en las zonas rurales».
«Este mal funcionamiento de algunos cuarteles de la Guardia Civil podría tratarse de un problema sistémico, que podría tener entre otras consecuencias el falseamiento de la estadística delincuencial», sostenían los diputados, que lamentaban que hubiera ciudadanos que «tenían que desplazarse a otras localidades» al verse «privados de derechos básicos».
DISCREPANCIAS CON EL SERVICIO DE CITA PREVIA
El Ejecutivo añade que «con independencia de la presentación de la denuncia en una u otra dependencia policial, el conocimiento de los hechos asegura que la información se integra en dicho sistema».
En la respuesta, el Gobierno se remite al Real Decreto 207/2024 de la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior para indicar que le corresponde a la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (IPSS) «llevar a cabo el seguimiento de los programas para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado y, especialmente, el de las quejas y sugerencias formuladas por los ciudadanos».
«Para el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), en el año 2022 se registraron 211 quejas ciudadanas y en el año 2023 hubo 233, siendo los principales motivos de estas quejas la no recepción de denuncias, las discrepancias derivadas de cuestiones de competencia territorial y el sistema de cita previa», continúa el Ejecutivo.
SIN LIMITACIÓN PARA INTERPONER DENUNCIAS
Sumar se interesaba en su pregunta por casos en el ámbito de los municipios de la provincia de Sevilla de Mairena del Alcor, Lora del Río, Carmona y Alcalá de Guadaira. «La totalidad de quejas fue objeto de investigación y atención conforme a los procedimientos establecidos», contesta el Gobierno, añadiendo que «se adoptaron medidas disciplinarias por la Dirección General de la Guardia Civil».
«No existe ningún tipo de limitación del derecho a interponer denuncia, toda vez que ésta se puede interponer físicamente en cualquier dependencia policial», añade el Gobierno, que en lo que respecta a los citados municipios se encuentran atendidos por tres puestos principales que «se caracterizan por contar con una mayor capacidad de atención ciudadana e investigación».
Estos puestos principales se encuentran adheridos al Programa de Cita Previa voluntaria para casos no urgentes, lo cual, continúa el Gobierno, «ni mucho menos anula la posibilidad de personarse directamente en dependencias policiales, sino que permite al ciudadano que lo desee utilizar una vía con una mayor certidumbre y previsibilidad en cuanto al horario de atención, facilitando así la gestión del tiempo de espera».
«Así, se concluye que el nivel de citas ofertadas está muy por encima de la demanda de éstas, lo que denota que no existe saturación y el amplio margen de uso que tiene la ciudadanía a su disposición», termina el Gobierno.
