Los comunes piden a Defensa ceder a ayuntamientos sus propiedades en la Costa Brava para destinarlas a fines sociales

Lanzan una proposición no de ley en el Congreso para instar al Ministerio a frenar subastas de sus terrenos

Los comunes, a través del grupo Sumar en el Congreso, han impulsado una proposición no de ley para instar al Ministerio de Defensa a ceder sus propiedades y terrenos en la Costa Brava a los ayuntamientos de la zona, con la finalidad de que se usen con fines sociales.

La iniciativa del grupo plurinacional inciden en que el departamento que dirige Margarita Robles está subastando «buena parte de su patrimonio» en la Costa Brava, que está yendo a parar a «manos de propietarios privados».

Por tanto, Sumar y los comunes solicitan que Defensa reviertasus planes de subsata y ceda estos espacios a la administración local para su uso social, ambiental o cultural.

«Los terrenos de titularidad pública que forman parte de parques naturales protegidos no deberían ser objeto de compra privada para seguir fomentando la cultura del ladrillo y la especulación, ni para usos privativos y de explotación turística que no acostumbran a respetar el entorno y la diversidad de flora y fauna», enfatiza el diputado Eloi Badia, que firma la iniciativa juntos a sus compañeros Aina Vidal, Félix Alonso y Júdia Boada.

En su iniciativa remarcan por ejemplo el caso de la base militar de Loran de l Estartit (Baix Empordà), en desuso desde 1995 y que se encuentra situada en los terrenos del Parque Natural de Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.

Los parlamentarios inciden en que desde 2015 el Ministerio puso estos terrenos a subasta en hasta cuatro ocasiones, bajando sucesivas veces el precio hasta que un particular los adquirió. Sin embargo, resaltan que la presión social llegó a la Generalitar a recomprar los terrenos mediante el mecanismo de derecho a retracto para destinarlo al espacio de dicho parque natural.

También consideran que una situación similar ocurre en los terrenos de La Clota (L Escala), propiedad del Ministerio de Defensa con un precio de subasta que supera el millón de euros y en el que se prevé la construcción de un complejo hotelero, tal y como desgrana la PNL.

«El Ministerio de Defensa está así subastando buena parte del patrimonio del estado en la Costa Brava, que se queda en manos de propietarios privados. Además, se carece de información completa sobre el número de propiedades en manos del Ministerio de Defensa y si dichas propiedades están en subasta para seguir privatizando así suelo público», critican los parlamentarios adscritos a los comunes .

También alertan que existen «interrogantes» para la costa de S Estufador de Levante y el Fortim (Sant Feliu de Guíxols), del Parque del Puig, en el Molino de Viento (Palamós), los bunkers de Sant Martí d Empúries (L Escala), el Faro de Roses, Punta Falconera o la base militar aérea Puig del Pení (Cadaqués), entre otros.

LA COSTA BRAVA ES UNA ZONA TENSIONADA POR EL TURISMO

«La Costa Brava es una zona que se encuentra altamente tensionada por la explotación urbanística y turística, actividades que tienen un claro impacto en los escasos recursos hídricos y que amenazan su rica biodiversidad. Además, su explotación turística está limitando el acceso a la vivienda para las personas jóvenes y para las personas trabajadoras que a menudo son las que sustentan este sector económico», critica la proposición.

Finalmente, los diputados que impulsan la iniciativa ahondan que la entidad SOS Costa Brava tiene localizados más de una quincena de zonas que se encuentran «amenazadas» por diferentes motivos.

«No se trata de un hecho puntual sino que es la práctica sistemática y continuada de la explotación de una costa que debe contar con la protección adecuada. En efecto, la Costa Brava, así como toda la costa Mediterránea en general, merecen la protección debida, puesto que han sido sistemáticamente vulneradas por proyectos urbanísticos y de infraestructuras que amenazan con la desaparición de la costa y su biodiversidad», asevera la iniciativa.

Por tanto, considera «imprescindible cambiar el modelo de privatización» y ceder terrenos públicos a los consistorios, sobre todo cuando se ubican en un «entorno único y valioso» garantizando su uso a toda la población.