Cantabria afirma que la LOSU es la ley «de las condiciones, que no de las soluciones» y pide recursos para aplicarla
El Gobierno recepcionará el 10 de mayo las obras del Centro Integrado de Formación Náutico-Pesquera de Laredo
El Gobierno de Cantabria (PP) ha afirmado que la nueva Ley de Universidades, la conocida LOSU, es la ley «de las condiciones, que no de las soluciones», una norma «sin financiación» y la del «pagas tú e invito yo» y ha reclamado al Ministerio que ponga en marcha los recursos necesarios para poder aplicarla.
Así lo ha exigido ste lunes el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, en el Pleno del Parlamento durante su respuesta a una interpelación que le ha planteado el PSOE sobre financiación universitaria y, más concretamente, sobre el programa presentado a principios de mes por el Gobierno central a las comunidades para incorporar a 3.400 profesores ayudante doctor en las universidades españolas y luchar con la temporalidad.
Según se explicó cuando se presentó, este Programa para la Incorporación del Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas se empezaría a desarrollar para el curso 2024-2025 y abarcaría los seis años de duración de esta modalidad de contrato.
Para su desarrollo el Ministerio ha previsto una financiación de 150 millones de euros anuales por curso académico si bien lo condiciona a la participación de cada comunidad autónoma puesto que también deberán asumir un compromiso de cofinanciación, una «oportunidad» que desde el grupo parlamentario socialista se ha animado al Ejecutivo regional a «aprovechar».
Aunque Silva ha mostrado la disposición del Gobierno de Cantabria a negociar el acuerdo, quiere ver la propuesta por escrito y ha pedido una reunión con el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón.
Además, ha vuelto a insistir, como ya hizo cuando se dio a conocer el programa, se trata de una propuesta «insuficiente».
Y es que, según Silva, esa propuesta supone una aportación para Cantabria de 1.054.000 euros al año, mientras que el gasto que supone está en al menos 1,3 millones.
Por ello, considera que el Ministerio debiera correr «con el 100%» del coste del contrato durante esos seis años ya que luego, según ha dicho, va a tener que ser costeado por la comunidad autónoma.
Además de considera «insuficiente» lo que se propone, cree que ese programa son «fuegos de artificio» y se ha preguntado «de dónde va a sacar» el Gobierno los recursos para este programa o «a quién o a quiénes se lo va a quitar» dado que el Ejecutivo ha «renunciado» a que haya Presupuestos Generales del Estado.
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN NÁUTICO-PESQUERA DE LAREDO
También en el Pleno, en este caso en respuesta a una interpelación de Vox, Silva ha anunciado que el Gobierno regional tiene previsto recepcionar las obras del Centro Integrado de Formación Náutico-Pesquera de Laredo el 10 de mayo para ponerlo en marcha «lo antes posible y que opere con normalidad el curso que viene».
De esta forma, el Gobierno mantiene sus previsiones temporales para la puesta en marcha del que será el tercer centro integrado de FP de Cantabria pese a los «problemas» que pesan sobre esta actuación, sobre la que hay recursos judiciales pendientes (uno planteado por el Ayuntamiento de Santoña contra una autorización de la Consejería de Obras Públicas –ahora Fomento– y uno contencioso-administrativo del Gobierno regional contra un informe negativo de la Demarcación de Costas»).
De hecho, debido a la existencia de estos recursos pendientes de resolución, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico solicitó el pasado diciembre al Ejecutivo regional a paralizar las obras de construcción, petición que no fue atendida.
De hecho, Silva ha informado que, a día de hoy, la obra, que se inició en julio de 2022, está «acabada o prácticamente finalizada».
Aunque el Gobierno reconoce que «le preocupan» los procedimientos abiertos ha afirmado que su obligación es «defender la actuación» como, a su juicio, se está haciendo. «Sería un error imperdonable no hacerlo con total ahínco», ha dicho el consejero, mientras Vox, aunque apoya el proyecto, cree que el Ejecutivo está protagonizando una «huida hacia delante».
El consejero ha asegurado que, en cuanto al procedimiento procesal, todas las partes implicadas del Gobierno regional, trabajan «de forma coordinada» con los servicios jurídicos.
Ha señalado que si los pronunciamientos judiciales no son en el sentido que quiere el Gobierno, actuará «en consecuencia».
En relación al recurso contencioso-administrativo que tiene presentado el Gobierno regional contra un informe negativo de la Demarcación, el consejero ha insistido en que dicho informe resulta «extemporáneo», «no es vinculante» y además cree que los argumentos que se aducen tienen una «fácil defensa».
Al margen de estas cuestiones judiciales, el consejero ha reiterado la importancia del proyecto, que supone una inversión de 5 millones de euros financiados ocn fondos europeos.
Ha señalado que se trata de un proyecto diseñado «para y por el sector marítimo-pesquero» de Cantabria y abrirá «una auténtica nueva etapa en el ámbito de la FP».
PROGRAM PROA+
También el consejero en el Pleno, en este caso a preguntas del PRC, ha confiado en la continuidad del programa educativo PROA+, aunque ha reconocido que aún no tiene la confirmación del Ministerio.
Este programa, implementado con financiación europea, tiene como objetivo alcanzar el éxito escolar de todo el alumnado, haciendo especial hincapié en aquel que se encuentra en situación de vulnerabilidad.
El consejero ha señalado que, para el desarrollo de este programa, Cantabria ha recibido 6,6 millones, de los que ya ha ejecutado 5,5.
Se trata de un programa que, según ha dicho, se desarrolla en 72 centros de la comunidad autónoma (55 colegios y 17 institutos) y ha permitido desarrollar en los últimos tres cursos (2021-2022; 2022-2023, y 2023-2024) un «sinfín» de actuaciones y está marcando un «antes y un después» en los centros.
