El PP pide más informes del Tribunal de Cuentas sobre la pandemia y que examine la solvencia de las empresas contratadas
Vox también reclama auditorías específicas sobre Baleares y el Ministerio de Transportes desde donde operaba Koldo García
El PP quiere que el Parlamento encargue al Tribunal de Cuentas más informes sobre los contratos de emergencia suscritos por la Administración General del Estado en los primeros meses de pandemia y, en concreto, quiere un examen especial sobre la solvencia de las empresas adjudicatarias.
También Vox reclama auditorías específicas sobre las compras del Gobierno balear de Francina Armengol y sobre el Ministerio de Transportes desde el que operaba Koldo García Izaguirre, el asesor del entonces ministro José Luis Ábalos que da nombre al caso Koldo de supuestas comisiones en contratos de material anticovid.
Estas peticiones se recogen en las propuestas de resolución que estas dos formaciones han planteado a los informes sobre los contratos de pandemia que la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, presentó la pasada semana en el Congreso. Los escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, se votarán en una próxima reunión de la Comisión Mixta (Congreso-Senado), en la que PP y Vox suman mayoría absoluta.
En su comparecencia, Chicano presentó el grueso de los informes que ha realizado el Tribunal de Cuentas sobre la contratación de emergencia de las administraciones públicas en 2020, tras el estallido de la pandemia y bajo el estado de alarma.
La institución ha realizado un total de siete informes de fiscalización sobre la contratación de emergencia en esos meses de pandemia, todos aprobados por unanimidad, y sólo les resta completar uno de balance general que se espera para este año.
Según los datos del Tribunal, en aquellos primeros meses de pandemia los ministerios, los principales ayuntamientos y las empresas públicas realizaron 13.211 contratos de emergencia por un valor total de 2.129 millones de euros, y la institución ha examinado el 10% de esos contratos (1.328) que suponen el 83% del importe global (1.758 millones). En las cifras no se incluye la contratación de Madrid, Cataluña, Baleares y la mayoría de comunidades, que tienen su propio fiscalizador.
«INSUFICIENTES EXPLICACIONES» DE LA PRESIDENTA
El PP no quedó nada satisfecho con aquella comparecencia y casi todas sus propuestas incluyen un reproche a la presidenta del Tribunal «a la vista de las insuficientes explicaciones dadas en la Comisión del día 11 de abril».
Por ello, exige un informe específico sobre «la solvencia de los contratistas con quienes se materializaron los contratos con motivo del COVID-19 y demás intervinientes en los contratos celebrados por la Administración General del Estado», recordando que, aunque en esos meses regía el estado de alarma y se permitían estos contratos de emergencia, la legislación «no exime de toda actuación en referencia a la solvencia y su objeto y se ha permitido».
En otra propuesta reclama «informes con explicación detallada del material recepcionado, y además del material devuelto y los motivos de hacerlo y en su caso, calidad del mismo», así como un examen detallado de «las devoluciones de importes a los ministerios y sus organismos autónomos».
También quiere que el Tribunal de Cuentas explique «la licitación de los contratos con IVA», cuando en esos meses había una exención general a las importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material anticovid, que tenían tipo 0.
Por último, los populares buscan que la institución fiscalizadora redacte otro informe analizando los efectos que tuvo la actuación del Gobierno central, que había concentrado muchas competencias en el estado de alarma, en la toma de decisiones por parte de las comunidades autónomas y su contratación, pues considera que hubo «importantes disfunciones».
AUDITORÍA INTERNA REVISANDO CADA CONTRATO
Por su parte, Vox quiere que los ministerios y sus organismos autónomos realicen una «auditoría en profundidad» de los contratos de emergencia celebrados en el año 2020, analizando especialmente a «las empresas o personas que fueron elegidas en las licitaciones, el destino final de los bienes adquiridos, así como la información relativa a los suministradores de origen de los bienes y servicios objeto de la contratación».
En esos informes, según Vox, deberá quedar constancia de «las causas o motivos que justifican acudir a esta tramitación extraordinaria, justificando de manera escrupulosa que concurre el supuesto de hecho concreto exigido por la normativa».
Y especialmente apunta dos entidades que deberían acometer esa auditoría: el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible –incluyendo a Puertos del Estado, ADIF, AENA, Correos y RENFE–, que fue donde estaba destinado Koldo a las órdenes de Ábalos; y la administración autonómica de Baleares, que entonces presidía la socialista Francina Armengol y que contrató con la empresa que promocionaba Koldo García.
La pretensión de Vox es que cada una de estas auditorías se remita al Congreso y que el titular de cada departamento comparezca en la comisión mixta para explicar las conclusiones, salvo en el caso de Baleares, que piden se remita al Parlamento autonómico y a la Intervención General de la Administración del Estado.
