Montero insta al sector privado a ayudar a que la vivienda pública de alquiler llegue a familias necesitadas

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha instado este jueves a los promotores privados de vivienda a colaborar para que las 183.000 viviendas de titularidad pública de alquiler asequible que el Ejecutivo habilitará en esta legislatura lleguen a los colectivos que tienen mayores dificultades para acceder a la vivienda.

Montero, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha advertido de que la vivienda sigue siendo un problema para miles de familias, sobre todo para jóvenes y vulnerables, y debe «convertirse en un derecho constitucional y no en un bien de lujo».

Así, sobre la reunión que mantendrá este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con representantes del sector inmobiliario y de la banca para abordar el problema de la vivienda en España, Montero ha indicado que el jefe del Ejecutivo «está teniendo una ronda con todos aquellos que pueden aportar elementos» para solucionarlo, ya sean promotores, asociaciones de inquilinos o plataformas en defensa de los más vulnerables.

«En definitiva, estamos haciendo de la política de vivienda uno de los pilares de esta legislatura, puesto que hemos diagnosticado que la vivienda sigue siendo un problema para miles de familias», ha subrayado Montero, que ha recordado que el compromiso del Gobierno es habilitar en esta legislatura más de 183.000 viviendas para alquiler asequible.

En este sentido, ha insistido en que hay que «animar» a los promotores de viviendas a que pongan estas viviendas a disposición de aquellas personas que tienen más dificultades, porque «lo que no puede hacer un ciudadano es hipotecar casi la totalidad de su salario para tener un techo seguro en donde albergar a su familia o en donde poder desarrollar su proyecto de vida», ha argumentado.

«La de hoy es una ronda más de todas las que lleva (el presidente) para que los promotores privados también tengan un papel en esta promoción de vivienda que queremos poner en el mercado para personas que tengan dificultades de acceso», ha explicado Montero.

Preguntada por cómo piensa el Gobierno convencer al sector privado para que colabore en esta promoción de viviendas de alquiler de titularidad pública sin sacar de ello grandes beneficios, la vicepresidenta primera ha afirmado que en España «hay que cambiar una cierta cultura en la que pudiera parecer que la vivienda es un objeto de inversión para grandes fondos, para grandes patrimonios o una manera de especular con una necesidad que tienen los ciudadanos».

«Primero con el convencimiento y, posteriormente, escuchando cuáles son las demandas que tienen los promotores, para que ellos sean también un elemento de negocio, un elemento de interés, aunque, evidentemente, la rentabilidad de todas esas operaciones no sólo hay que mirarla desde el punto de vista económico, también hay que mirarla desde la reputación o, en definitiva, desde la aportación que estos promotores puedan hacer al conjunto de la sociedad», ha indicado.

Montero ha afirmado que el Gobierno lleva tiempo «testeando» las viviendas de la Sareb y de sus suelos para ponerlas a disposición de promotores, de ayuntamientos o del propio Estado.

«También con las empresas de vivienda que están en el conjunto del territorio para que puedan promover estas viviendas, que tienen la dificultad, no sólo de la inversión inicial que estamos haciendo a través de fondos específicos que está poniendo el Gobierno de España, sino también del mantenimiento posterior, que muchas veces complica la propia gestión de estas viviendas», ha añadido.

La vicepresidenta ha reconocido el «enorme trabajo» que realizan las empresas municipales de vivienda, que necesitan «reforzar sus recursos y, sobre todo, tener la seguridad de que todo ese parque público en el futuro va a ser sostenible», que es lo que el Gobierno está trabajando con las comunidades autónomas.