El Tribunal de Cuentas presenta en el Congreso su fiscalización de los contratos de emergencia en la pandemia

El fiscalizador detectó empresas que coparon contratos y retrasos en la ejecución de algunos de ellos

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparecerá este jueves en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) que se ocupa de las cuestiones relativas a este órgano para informar de la fiscalización de los contratos de emergencia realizados durante el primer año de la pandemia de coronavirus por el Gobierno, algunas comunidades, empresas públicas y organismos autónomos.

Estos contratos volvieron a ponerse en entredicho hace unas semanas con el estallido del conocido como caso Koldo , la investigación judicial en torno a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una de las empresas que participó en esos procesos y que tenía contactos con Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

En total, el Tribunal de Cuentas ha realizado siete fiscalizaciones sobre contratos de emergencia suscritos por distintas administraciones públicas y sólo le resta un último informe balance, prometido para este año, que aportará una visión global y comparativa de todos los informes aprobados sobre las distintas administraciones públicas en esos meses de Covid 19.

Chicano dará cuenta el jueves del grueso de esos informes entre ellos el que incluye la revisión de los contratos de once Ministerios del anterior Gobierno de coalición, entre ellos el de Sanidad, que firmó la mayoría de ellos, y el de Transportes, en el que estuvo al frente Ábalos con Koldo García de asesor. También analizó las adjudicaciones de Agricultura, Asuntos Económicos, Consumo, Derechos Sociales, Hacienda, Inclusión y Seguridad Social, Industria, Transición Ecológica y Trabajo, así como sus organismos autónomos.

SANIDAD, A LA CABEZA

En total, en ese último informe se fiscalizaron 133 contratos del total de los 152 comunicados, lo que representa el 88%, por una cuantía de 526 millones de euros, el 99% del importe total de la contratación de este tipo (529 millones de euros). El grueso fueron los contratos adjudicados por el Ministerio de Sanidad, que ascendieron a 513 millones de euros, de los que se han fiscalizado el 99% de ese importe.

Uno de los principales problemas detectados en el informe, recogido por Europa Press, se refiere a los plazos de ejecución, pues en un 22% de los casos el plazo no quedó expresamente determinado o se fijó de manera flexible o poco precisa. Y en un 9% de los contratos fiscalizados se incumplió el plazo de un mes establecido legalmente para el inicio o no quedó acreditado el momento de dicho inicio.

CONTRATOS FALLIDOS

En cuanto a la ejecución de los contratos de mayor importe, correspondientes al Ministerio de Sanidad, denunció diversas incidencias, tales como resoluciones de contratos, retrasos en la ejecución que motivaron la ampliación de los plazos y demoras en el cumplimiento de los nuevos plazos, así como requerimientos de reposición de diverso material defectuoso o de reintegro de su importe, en algunos casos aún pendientes de ejecutar. En algunos supuestos en que el material no cumplía los requisitos, no se exigió la reposición del material.

Respecto al grado de concentración de adjudicatarios, cuatro contratos de mascarillas quirúrgicas por 217 millones de euros fueron adjudicados a una misma empresa, cuyo nombre no se facilita. Además, tres contratos de suministro de productos se adjudicaron a una empresa a la que el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) del Ministerio ya había otorgado otros dos contratos, siendo el importe global de los cinco contratos de 187 millones de euros.

En todo caso, la institución fiscalizadora reconoce que todos los contratos covid se celebraron en el contexto de una crisis sanitaria mundial sin precedentes, en la que los gestores públicos se enfrentaron a un mercado productor español deficitario para atender las necesidades, por lo que hubo de acudirse al mercado internacional, fundamentalmente asiático, con los precios al alza debido al incremento de la demanda.

Su conclusión general es que el objeto de los contratos de emergencia «estuvo directa o indirectamente vinculado a la adopción de medidas de protección del contagio del COVID-19, salvo en algunos casos en que no se aprecia dicha vinculación o la motivación de la emergencia adoleció de defectos».

JUSTIFICADOS Y BIEN PLANTEADOS

Respecto a la preparación de los contratos, la mayoría estuvo bien diseñado, y sólo en un 7% de los fiscalizados sí se advirtió cierta indeterminación de las prestaciones que constituían su objeto.

Además, en todos los contratos, salvo en cinco, el objeto social de las empresas adjudicatarias tenía relación con el suministro que se les adjudicó.

Dada la situación de emergencia, el tribunal considera una buena práctica dejar constancia en el expediente de la capacidad y solvencia del contratista libremente elegido, lo que se produjo en un 34% de los contratos fiscalizados.