Planas avanza que AICA contará con una mayor estructura para reforzar el control de la cadena alimentaria

Priorizará el cumplimiento de contratos alimentarios, con especial atención a la modificación del precio a partir de descuentos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado este miércoles durante la apertura de la primera reunión del Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) de este año que la conversión de este organismo en agencia estatal se traducirá en «una mayor estructura, con más medios humanos y materiales para desempeñar sus funciones», lo que le permitirá «reforzar significativamente su capacidad inspectora».

De esta forma, Agricultura quiere dar una respuesta rápida a una de las principales preocupaciones de los agricultores y ganaderos que se han movilizado estas semanas, el cumplimiento efectivo de la Ley de la cadena alimentaria en todos los eslabones, para que en las relaciones comerciales -sobre todo en las que participan los agricultores y ganaderos-, el precio sea digno, supere el coste efectivo de producción y asegure la viabilidad económica de los operadores.

Planas ha explicado a los integrantes del Consejo Asesor que, como la puesta en marcha de la agencia estatal que anunció el pasado 15 de febrero requiere la aprobación de una norma con rango de ley, el Gobierno de España estudia en la actualidad el menor recorrido temporal para su creación, bien a través de un texto legal ad hoc o mediante la introducción de una disposición adicional en la futura Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

De esta forma, la futura Agencia Estatal de Inspección de la Cadena Alimentaria mantendrá el acrónimo de AICA.

El titular de Agricultura también ha avanzado que durante este año la actividad de la AICA priorizará la comprobación y el cumplimiento de los contratos alimentarios, con especial atención a la modificación del precio a partir de la aplicación de descuentos no acordados previamente. También se dará preferencia al control de los sectores con más riesgo de que sus liquidaciones y pagos no sean superiores al coste efectivo de producción, así como a la vigilancia de cancelación de pedidos.

EN 2023 SE IMPUSIERON 382 SANCIONES, UN 40,4% MÁS

Durante la reunión se han dado a conocer los datos de 2023, donde la AICA impuso un total de 382 sanciones a operadores de la cadena alimentaria, un 40,4% más en comparación con el año precedente.

Casi la mitad de ellas -un 48%- correspondieron a infracciones por incumplimiento de plazos de pago, sobre todo, en el eslabón mayorista.

También han sido objeto de sanción la ausencia de contratos o la falta, en los que sí se han realizado, de elementos mínimos como, por ejemplo, el precio del producto motivo de transacción. Las modificaciones unilaterales no pactadas por contrato y la destrucción de valor en la cadena alimentaria también aparecen en la lista de los principales motivos de penalización.

Planas ha recordado que desde el 30 de junio de 2023 es obligatorio inscribir en el Registro de Contratos Alimentarios, al que se accede a través de una aplicación de la web de AICA, los contratos alimentarios con productores primarios y agrupación de productores. «Este registro se ha convertido ya en una herramienta determinante», ha indicado.

Por sectores, los que registraron más infracciones con sanción fueron el de frutas y hortalizas, que acaparó 165, seguido del vitivinícola (96), el de aceite de oliva (40), bovino (37), aceituna de mesa (19) y lácteo (17).

A estas sanciones hay que sumar las aprobadas por los organismos autonómicos que también tienen competencias en el control y vigilancia del cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria. El año pasado impusieron 167 sanciones, un 33,6% más que en 2022, recayendo principalmente en empresas del eslabón de la industria alimentaria.

De esta forma, la AICA ha investigado durante el pasado ejercicio 32 denuncias, un 39,1% más que en 2022, y las comunidades autónomas, otras 18.

Planas ha subrayado la necesidad de que se traslade a los organismos de control y vigilancia del funcionamiento de la Ley de la cadena alimentaria toda irregularidad comercial que se constate, bien por un particular, una empresa o por una organización o asociación del ámbito agroalimentario o del ámbito de consumo.

En total, las denuncias y las actuaciones de oficio durante 2023 se tradujeron en el control de un total de 2.371 relaciones comerciales de la cadena alimentaria, lo que representa un 59,4% más que en 2022.

Los organismos de inspección de cada comunidad autónoma, por su parte, han controlado en su territorio otras 2.871 relaciones comerciales, según los datos del Informe de la actividad de las comunidades autónomas en 2023.

Planas ha vuelto a resaltar «el buen funcionamiento de cadena alimentaria» que ha demostrado su resistencia en momentos críticos por la pandemia, los efectos de la guerra en Ucrania o la sequía, «constituye un elemento clave para garantizar la seguridad alimentaria».

El titular de Agricultura ha destacado que la Ley de la cadena alimentaria española es una «norma pionera» y un «referente a nivel comunitario» por sus medidas sobre los contratos escritos, el registro de estos o la prohibición de la destrucción de valor a lo largo de los diferentes eslabones agroalimentarios, y ha asegurado que será decisiva en las próximas modificaciones legislativas sobre prácticas comerciales de la Unión Europea.