El Síndic abrirá una queja de oficio a Servicios Sociales si aumentan las listas de espera en dependencia en Valencia

Alerta de la situación en el área de menores y critica la gestión de las viviendas públicas

VALÈNCIA, 27

El Síndic de Gregues abrirá una queja de oficio a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda si continúan aumentando las listas de espera en el mes de marzo, ya que considera que su incremento está «injustificado» tras elevarse de 13.342 personas en julio de 2023 a 18.580 en enero de 2024.

Así lo ha indicado el síndic de Greuges, Ángel Luna, en la rueda de prensa posterior a la entrega de su Informe Anual de 2023, en la que ha mostrado preocupación por este incremento, que ha calificado de «inquietante», así como «exagerado e injustificado».

Luna ha señalado que la sindicatura no ha querido abrir una queja de oficio todavía debido al tiempo de adaptación a la nueva estructura de la Generalitat surgida tras el cambio en el Consell y ha matizado que la lista de espera ha bajado en febrero al entorno de las 17.000 personas. Por tanto, ha abogado por esperar al dato de marzo para decidir si abrirá queja de oficio o no.

La antigua Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y la actual de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda son las que más quejas reciben de todo el Consell tanto en el del Botànic como en el de PP y Vox.

En el informe –que este año tiene varias tablas divididas por el cambio de gobierno, con una parte de enero al 17 de julio y otra del 17 de julio a fin de año– se observa como la conselleria recibió 644 quejas en los siete meses que estuvo bajo la dirección de Aitana Mas (Compromís) y 544 en el resto del año, con Susana Camarero (PP) al frente.

Cabe destacar que en esta nueva etapa también se incluye en la conselleria el área de Vivienda, que en los meses de 2023 en que gobernaba el Botànic –cuando era un departamento propio– recibió 82 quejas.

Sin embargo, la tasa de colaboración fue más elevada en el primer período del año: mientras Mas era la consellera, la administración colaboró en 558 quejas y no lo hizo e 86 (86,65%). Con Héctor Illueca al frente de Vivienda, de las 82 quejas recibidas se atendieron 71, un 86,59%. Mientras, bajo la gestión de Susana Camarero, el departamento colaboró en 370 quejas y no lo hizo con 174, con lo que el porcentaje desciende al 68,01%.

Además, reseña el síndic el elevado número de quejas por deficiencias en el procedimiento de valoración de la discapacidad, y en las demoras en emitir las correspondientes resoluciones de reconocimiento de grado.

LA EMERGENCIA CIUDADANA «CAE EN SACO ROTO»

Esta situación, que se remonta a más de una década atrás, ha provocado que esta institución investigara el tema de oficio, además de las numerosas quejas y consultas que hemos recibido a instancias de parte. «Lejos de haberse reducido el problema, su incidencia se ha incrementado en los últimos meses», ha manifestado.

Los recordatorios legales del síndic para las solicitudes de reconocimiento de grado de discapacidad, que la Administración está obligada a resolver en un plazo de tres meses por tratarse de un procedimiento declarado de emergencia ciudadana, «caen reiteradamente en saco roto».

Además, continúan sin dotarse de los recursos materiales, económicos y personales a los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad. Especialmente, destaca la situación extraordinaria que sufre el Centro de Valoración de Alicante, con una demora media superior al año.

Desde esta institución, en reiteradas ocasiones, se ha urgido al incremento del número de Centros de Valoración. De igual modo, se ha señalado la «necesidad de establecer procedimientos de coordinación entre los distintos servicios públicos sectoriales implicados en los procesos de valoración, y hemos urgido a que se tomen medidas que solucionen la falta de cobertura de puestos profesionales».

Por otra parte, resulta «inaudito» que permanezcan las dificultades de los aplicativos informáticos que la Conselleria argumenta como excusa, transcurridos años desde la entrada en vigor de la ley de Renta Valenciana de Inclusión. De hecho, Luna ha señalado que no entiende esta excusa, ya que las leyes vienen con informes de viabilidad para su aplicación.

QUEJA DE OFICIO SOBRE MENORES

El síndic se ha mostrado contundente a la hora de remarcar «la realidad en que se encuentran los recursos materiales y humanos de la mayoría de los centros de niños, niñas y adolescentes; el impago a las entidades que los gestionan; el hacinamiento de los menores migrantes; las carencias en el sistema de salud mental o en las plazas disponibles para el acogimiento familiar en sus distintas modalidades; así como la gestión de las necesidades y expectativas de las familias adoptivas y acogedoras» que «constituyen una muestra de hasta qué punto están siendo omitidos derechos, principios y garantías de la infancia».

Este estado de cosas «sólo puede ser calificado como alarmante y exige la inmediata puesta en marcha de medidas urgentes y eficaces», ha manifestado. Por todo ello, resulta «aún más decepcionante» comprobar que el informe de impacto en la infancia y adolescencia que acompaña a los Presupuestos del 2024, «no cuantifica ni precisa soluciones tangibles a las carencias de medios materiales y humanos» o a la «acumulación de tareas», con las que «tantas veces nos responde la Administración para justificar las negligencias que le advertimos».

En la tramitación de la queja de oficio sobre las situaciones de riesgo en la infancia y adolescencia en la Comunitat Valenciana esta institución reprochó a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que «renunciase al ejercicio del liderazgo que le corresponde en la valoración y declaración de riesgo de los menores».

El síndic concluyó que «la distribución competencial asumida por las distintas administraciones autonómicas y locales no puede servir de excusa para asumir esta responsabilidad última en las políticas de Infancia y Adolescencia».

«MERA GESTORA DE VIVIENDAS PÚBLICAS»

En materia de vivienda –que con el cambio de gobierno, se ha integrado también en esta conselleria–, las reducidas dimensiones del parque público «continúan siendo el principal obstáculo para lograr de forma efectiva el derecho al disfrute de esta». La vivienda constituye un bien de primera necesidad que permite la satisfacción de los derechos fundamentales de la persona (salud, intimidad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, entre otros).

Igualmente, la pérdida de un alojamiento estable y digno se convierte, en muchas ocasiones, en «la puerta de entrada a situaciones de exclusión social que, como desgraciadamente nos muestra la realidad, son difíciles de revertir».

No obstante, la experiencia «demuestra que lo que prevé la legislación continúa chocando con la práctica administrativa», ha indicado Luna. La realidad es que «la intervención de las administraciones públicas en este ámbito se reduce a meras gestoras de las viviendas públicas que no se encuentran ocupadas, están disponibles y son susceptibles de adjudicarse a una unidad de convivencia».

El síndic insiste en que la Ley de Función Social de la Vivienda establece un sistema de gestión integral de las necesidades de vivienda de la ciudadanía más necesitada y vulnerable, que implica la atribución efectiva y real de un recurso habitacional a quien lo necesita; ya sea una vivienda, si existe una disponible que adjudicar, o –en caso contrario– de cualquiera de los otros mecanismos previstos en la ley, como una ayuda al alquiler.