El Defensor del Pueblo dice que la gestión del Bono Alquiler Joven es «insuficiente» en algunas CCAA

Avisa de que la falta de vivienda pública pone en cuestión la eficacia de los gobiernos

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha calificado de «insuficiente» la gestión del Bono del Alquiler Joven en algunas consejerías autonómicas, como en Andalucía, Comunidad de Madrid, Galicia y Región de Murcia, y ha advertido de un «grave incumplimiento» del plazo máximo previsto para dictar y notificar la resolución de las solicitudes.

Según el Informe Anual de 2023, durante el pasado año el Defensor del Pueblo recibió un «elevado» número de quejas porque muchos jóvenes aún no habían recibido el abono de la subvención meses después de haberla solicitado y por la demora en resolver las solicitudes.

Así, recalca que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Andalucía comunicó, a finales de septiembre de 2023, que estaba tramitando los expedientes presentados en noviembre del 2022. En la Región de Murcia, a finales del 2023 se estaban resolviendo las solicitudes de agosto de 2022, mientras que, en Galicia, donde el plazo máximo para resolver es de tres meses, en noviembre de 2023 aún estaban tramitando las solicitudes presentadas en julio de 2022.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha asegurado que los jóvenes no están recibiendo apoyo desde la Administración y ha criticado a algunas administraciones, como la Xunta de Galicia, por desestimar las solicitudes atendiendo al silencio administrativo al transcurrir el plazo de resolución, o de la Junta de Andalucía, que expuso que se había dilatado en el tiempo la tramitación de las ayudas por causa ajena a esa Administración, dado el número de solicitudes presentadas.

Por otro lado, Gabilondo ha advertido de que la falta de vivienda pública y en régimen de alquiler es un problema «especialmente grave» para los jóvenes en su proceso de emancipación y pone en cuestión la eficacia de los gobiernos municipales, autonómicos y central, que son quienes deben resolver el problema.

Gabilondo, que este viernes ha entregado en el Congreso la última memoria de la institución, ve bien que se haga el debate «que haga falta» sobre la vivienda en España, pues es un asunto de «gran envergadura» para la sociedad.

A su juicio, «esto es un problema especialmente grave para los jóvenes», y el debate no debe zanjares asumiendo «que sea imposible» que una persona joven pueda salir de casa de sus padres. «Sociedades donde los jóvenes no se emancipan son sociedades, desde luego, con resultados no muy positivos para la transformación social», ha remarcado.

Con este panorama, ha subrayado la importancia que tanto los municipios, como las comunidades y el Gobierno entiendan que la creación de viviendas públicas y de viviendas de pisos de alquiler «es la expresión y la garantía de su eficacia de gobierno». «Y en esto estamos mal, estamos lejos», ha zanjado.

RECALCA PROBLEMAS EN EL ABONO DE LAS AYUDAS RECONOCIDAS EN MADRID

Por otro lado, también ha confirmado problemas en la Comunidad de Madrid respecto a la liquidación de las subvenciones del Bono Alquiler Joven, ya que «meses después» de la publicación de los listados de beneficiarios de dicha comunidad, estos siguen «sin recibir el abono de la subvención».

«La consejería manifestó que el trámite se ralentizó debido a la carga administrativa y no pudo indicar a esta institución, aun de manera estimada, una fecha de liquidación total de las subvenciones del Bono Alquiler Joven», ha detallado.

Para el Defensor del Pueblo, las demoras en los pagos de las ayudas desvirtúan la naturaleza propia de la ayuda y el fin para el que fueron creadas y recalca que la consejería de la Comunidad de Madrid tampoco actuó con la «previsión debida».

«El fomento del acceso a la vivienda en régimen de alquiler, dada la dificultad que supone para muchos ciudadanos enfrentar el gasto ordinario que conlleva, en particular para grupos como el de los jóvenes con escasos recursos, exige una adecuada gestión, rápida y eficaz, de las ayudas dirigidas a tal fin», ha subrayado.

PIDE UNA MEJOR DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA FAMILIAR

De igual manera, ha pedido definir la unidad de convivencia familiar, uno de los requisitos del Bono de Alquiler Joven, y acercarlo a una definición similar a la que se regula en algunas prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, como el ingreso mínimo vital.

En esta línea, ha advertido de la situación «más restrictiva» a la que se enfrentan los solicitantes de la ayuda que conviven en una misma vivienda con dos o más personas, sin vínculos entre sí, cuando cada uno paga su parte de alquiler al arrendador de forma independiente, pero tienen un único contrato de arrendamiento sin que en el mismo se especifique que se alquila por habitación.

Así, en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, a estos arrendatarios se les considera que conforman una unidad de convivencia, a pesar de que no tengan vínculos entre sí y de que paguen individualmente su parte de alquiler al arrendador.

De esta manera, no pueden superar entre todos los ingresos superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (el Iprem) y se incluyen los ingresos de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, consten o no como titulares del contrato de alquiler.

Por ello, el Defensor del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que en futuras regulaciones de ayudas al alquiler, se estudie la posibilidad de exigir de forma individual el cumplimiento de los requisitos a los arrendatarios que convivan en el mismo domicilio, siempre que no tengan vínculos entre sí y que abonen la renta al arrendador de forma independiente.

De igual manera, ha indicado que «sería deseable» que, en estos casos, se equiparase el límite máximo de la renta arrendaticia de la vivienda con el establecido en el supuesto de alquiler de habitación.

ABOGA POR LAS AYUDAS EN VIVIENDA

Por otro lado, en relación a las ayudas convocadas para el alquiler de vivienda, el Defensor del Pueblo ha manifestado la necesidad de percibir la ayuda para hacer frente al alto precio de alquiler existente en el mercado libre.

En esta línea, ha advertido del problema contemplado en la Comunidad de Madrid, al no estimar dentro del colectivo preferente unidades monoparentales con cargas familiares a las unidades familiares con hijos a cargo mayores de 18 años, y ha defendido que el hecho de que el hijo conviviente ya haya superado la edad de 18 años «no hace que la familia monoparental tenga menor necesidad de percibir estas ayudas» destinadas al alquiler de vivienda, sino que es «más relevante» que aún dependa económicamente de la persona responsable de la unidad familiar y que conviva con esta.

RECALCA EL «EXCESIVO» TIEMPO DE ESPERA PARA ADJUDICAR VIVIENDA PROTEGIDA

En relación a la adjudicación de vivienda pública protegida y social, el Defensor del Pueblo ha afirmado que en 2023 vuelven a presentarse los mismos problemas expuestos el año anterior, donde el principal conflicto reside en los «excesivos» tiempos en los que los solicitantes permanecen en lista de espera debido a la escasez de vivienda pública disponible.

«En ocasiones, los solicitantes muestran su desazón porque su posición en la lista se va retrasando o porque llevan años inscritos y no se les adjudica una vivienda», ha recalcado.