Bolaños rechaza por seguridad nacional desclasificar los casos Zabalza y Aldana como reclama el PNV

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rechazado este miércoles en el Congreso desclasificar documentos secretos de los casos Zabalza y Aldana, crímenes de los años ochenta atribuidos a tramas parapoliciales, asegurando que afecta a la seguridad nacional.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha insistido en pedir la desclasificación de estos casos, al igual que se ha hecho recientemente con los papeles del espionaje a políticos independentistas catalanes en colaboración con la Justicia.

«Aplicamos unos criterios que son generales en toda Europa y es facilitar el trabajo cuando nos lo solicita un juzgado y, en segundo lugar, que no afecte a la seguridad nacional a criterio del órgano que ha de desclasificar», ha indicado Bolaños, apuntando que son criterios de cualquier «democracia plena» como la española.

Aitor Esteban ha criticado que el Ejecutivo mantenga «el secreto sobre el secreto» de casos que se remontan a 40 años. «¿No será que el Gobierno está amedrentado por un cuerpo policial?», se ha preguntado, afeando las «excusas» que se dan para no aprobar la desclasificación.

Bolaños se ha remitido a la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales, invitando a la Cámara a respaldar el texto tras darle luz verde el Consejo de Ministros. «Es verdad que las amenazas a la seguridad nacional nada tienen que ver con las de hace 35 años», ha reconocido el ministro.

Al inicio de esta legislatura, el PNV registró un escrito haciéndose eco de la voluntad del Gobierno de coalición de levantar el secreto sobre el espionaje a políticos en Cataluña, entre ellos el ahora presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Se trata de una reclamación de los independentistas a la que ha accedido el Gobierno con una desclasificación parcial de documentos para colaborar con la investigación judicial que hay abierta en Cataluña.

Y ya que se ha aceptado esa desclasificación, Aitor Esteban pedía saber si el Gobierno «tiene también intención de levantar el secreto sobre los denominados caso Zabalza y caso Aldana».

Zabalza era un conductor de autobús y militante del sindicato nacionalista ELA que fue detenido en 1985 en una operación antiterrorista en San Sebastián y llevado al cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, y veinte días después su cuerpo apareció en el río Bidasoa. Años después se recabaron testimonios de que había sido torturado en el cuartel hasta su muerte.

El caso Aldana es anterior y se refiere a una explosión registrada en 1980 en un bar de Alonsotegi (Guipúzcoa) en el que murieron cuatro personas, un atentado reivindicado por los autodenominados Grupos Armados Españoles (GAE), considerado un antecedente de los GAL y la guerra sucia.