Transparencia pide poder multar a los organismos que no aplican las sentencias y se niegan a dar información

El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, ha urgido este miércoles en el Congreso a proceder a la reforma de la Ley de Transparencia para, entre otras cosas, facultar a este organismo a imponer multas a los departamentos de la Administración General del Estado o de los ámbitos autonómicos y locales que desoyen las resoluciones judiciales que les obligan a proporcionar a los ciudadanos la información que les reclaman.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso para dar cuenta de la memoria del Consejo correspondiente a 2022, Rodríguez ha tachado de «inaceptable» que la administración no ejecute las sentencias firmes que les instan a responder a las demandas de los ciudadanos.

Según ha denunciado, esta es la «mayor anomalía» que presenta el funcionamiento del sistema español de acceso a la información pública, una situación ante la que ley vigente desde hace una década, no prevé «remedio alguno».

Por eso ha exigido que esta «carencia» se subsane en la próxima reforma de la Ley de Transparencia que ha de llevarse a cabo ineludiblemente esta legislatura. Así, ha pedido que se dote al Consejo la facultad para «reaccionar frente a la negativa de los sujetos obligados a cumplir con sus requerimientos del Consejo o el retraso en atenderlos».

YA SÓLO EL TEMOR A UNA MULTA ANIMARÍA A CUMPLIR

A su juicio, la principal «falla» de la norma vigente es la inexistencia de sanciones coercitivas, pero no bastaría con establecer un régimen sancionador, sino que debería ser el propio Consejo el que contara con medios para garantizar la «ejecución forzosa» de sus resoluciones mediante la imposición directa de «multas coercitivas» a los responsables de los incuplimientos.

El sistema para la imposición de estas multas debería ser sencillo y ágil, aunque, desde su punto de vista, la mera posibilidad de que el Consejo ponga multas ya sería un elemento disuasorio para que las administraciones dejaran de desoír las resoluciones judiciales y cumplieran con su obligación de dar la información que se les reclama.

Según ha desgranado, el incumplimiento en la ejecución de las resoluciones ha descendido desde el 11,25 al 7%, pero aún así sigue siendo inasumible. Y todo pese a que el Consejo hace un seguimiento constante de las mismas, insta a los órganos afectados a ejecutarlas y publica los datos de ejecución cada tres meses.

FUERA DE PLAZO Y SILENCIO ADMINISTRATIVO

Como en sus anteriores comparecencias en el Congreso, el máximo responsable del Consejo de Transparencia ha vuelto a poner de manifiesto otras «disfunciones ya denunciadas y aún no corregidas» como el elevado número de reclamaciones de información que se contestan fuera de plazo o que se acaban desestimando por silencio administrativo.

En el ámbito estatal éstas últimas alcanzan hasta un tercio del total, mientras que el autonómico y local llegan a los tres tercios. Eso sí, en la mitad de los casos, la información se acaba proporcionando una vez interviene el Consejo de Transparencia porque los demandantes de información presentan reclamaciones.

«Es muy criticable que se obligue a la ciudadanía a reclamar el cumplimiento de un derecho», ha apuntado Rodríguez, quien también ha vuelto a denunciar que los órganos a los que se piden datos recurren con «excesiva frecuencia» y como «recurso fácil» a causas de inadmisión previstas en la ley para no darlos.

Asimismo, Rodríguez pedido, de nuevo, más medios económicos y de personal para llevar a cabo la tarea que tiene encomendada. Si bien ha agradecido que se les vayan aumentando anualmente las partidas presupuestarias y el personal, ha incidido en que las 34 personas que trabajan actualmente en este órgano no son suficientes para desarrollar su labor con toda la eficacia deseable.

A su juicio, Transparencia no tiene «déficit de independencia» y que su estatuto es «perfectamente homologable» con el de cualquier otra autoridad administrativa independiente, pero lo que le falta es ese «nervio» para poder aplicar sus resoluciones.

Por otro lado, la Comisión de Hacienda ha procedido a designar al diputado que representará al Congreso en el Consejo de Transparencia, siendo elegido el socialista José Luis Aceves. El Senado tiene otro representante, que recaerá en manos del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.