España condena la aprobación en Israel de cerca de 3.500 nuevas viviendas en asentamientos en Cisjordania
El Gobierno de España ha condenado «enérgicamente» la aprobación por parte de un organismo israelí de la construcción de cerca de 3.500 nuevas viviendas en asentamientos en Cisjordania y ha reclamado al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu la reversión de esta medida.
«Los asentamientos son contrarios al derecho internacional, socavan los esfuerzos para hacer realidad la solución de los dos Estados y son un obstáculo para la paz», ha expresado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.
El Consejo Nacional de Planificación y Construcción de Israel dio luz verde a la construcción de 3.476 unidades de vivienda en asentamientos en Cisjordania, la mayoría de ellas en Maale Adumim, la primera medida de este tipo desde junio de 2023, a pesar de que los asentamientos son ilegales según el Derecho Internacional.
La decisión fue aplaudida por el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich –quien dirige además el citado comité encargado de los permisos de construcción–, que sostuvo a su vez que las autoridades «siguen construyendo el país».
El Consejo Nacional de Planificación y Construcción no se había reunido desde junio de 2023 a causa del conflicto desatado tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que desencadenaron una ofensiva israelí conrta la Franja de Gaza.
La Unión Europea (UE) también ha condenado los planes asentamientos israelíes en Cisjordania, recordando también que «son ilegales bajo el Derecho Internacional y suponen un obstáculo para la paz, ya que amenazan la solución de dos Estados».
El Derecho Internacional considera ilegales los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, si bien Israel distingue entre aquellos a los que ha dado permiso y a los que no, a pesar de las continuadas críticas internacionales. La Autoridad Palestina ha denunciado en numerosas ocasiones que la expansión de estos asentamientos y el traslado de población a los mismos dificulta la solución de dos Estados y ha reclamado medidas internacionales para poner fin a esta práctica por parte de Israel.
