El sector eólico advierte que la inseguridad jurídica en Galicia pone en riesgo inversiones de 10.500 millones
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha advertido de que la «reiterada situación de inseguridad jurídica» que afecta al desarrollo eólico en Galicia pone en riesgo inversiones por unos 10.500 millones de euros.
En un comunicado, la patronal eólica subraya que Galicia vive inmersa en «una coyuntura de incertidumbre e indefensión», en cuanto al desarrollo eólico, como consecuencia de la judicialización masiva de proyectos que cuentan con la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA) y el correspondiente permiso de construcción.
A este respecto, AEE considera que Galicia necesitará ocho teravatios hora (TWh) adicionales para responder a la electrificación de la economía y a los 32 nuevos proyectos industriales de carácter estratégico, que supondría 6.300 millones de euros de inversión y la creación de 14.000 empleos, entre directos e indirectos, que «se perdería de seguir frenando la implantación de energía eólica, tan necesaria además para combatir el cambio climático», añadió.
Asimismo, estima que otros 60 proyectos eólicos, que suponen 3.000 megavatios (MW) de potencia, afectados por la judicialización, ponen en riesgo otros 4.200 millones de euros de inversión y alrededor de 4.800 empleos durante cinco años.
PARALIZACIÓN DE 13 NUEVOS PROYECTOS.
En concreto, la patronal lamenta que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia haya anunciado recientemente la paralización de 13 nuevos proyectos basándose en la «prevalencia, prevención y precaución en materia medioambiental».
Sin embargo, afirma que, tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de diciembre, anulando las sucesivas suspensiones cautelares a más de 200 MW, «quedó palpable que todos los parques que estaban siendo paralizados, tras demandas que argumentaban defectos en el proceso de consulta pública, se habían tramitado correctamente».
El tribunal gallego basa ahora sus fallos en el mapa de zonificación ambiental, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como referencia al hipotético daño ambiental de los proyectos.
Para la AEE, esta utilización es cuestionada desde varios ámbitos jurídicos, ya que el mapa de zonificación «no tiene rango normativo propio y es una herramienta de apoyo para la tramitación de proyectos que pretende informar al promotor sobre la complejidad ambiental del desarrollo de las instalaciones en determinadas zonas».
