El Ministerio de Finanzas de Ghana pide al presidente no ratificar la polémica ley contra el colectivo LGBTQ
Alerta del impacto de la posible pérdida de financiación del Banco Mundial y otros socios internacionales
El Ministerio de Finanzas de Ghana ha pedido este lunes al presidente del país, Nana Akufo-Addo, que no ratifique la polémica ley endureciendo las condenas contra personas LGBTQ afirmando que el país podría perder cerca de 3.800 millones de dólares (unos 3.500 millones de euros) en financiación del Banco Mundial durante los próximos cinco años.
Así, ha explicado en un comunicado que «la aprobación del proyecto ha desencadenado reacciones por parte de algunos socios de desarrollo de Ghana», antes de resaltar que el país perdería 600 millones de dólares (cerca de 553 millones de euros) en apoyo presupuestario y 250 millones de dólares (alrededor de 230 millones de euros) del Fondo de Estabilidad Financiera sólo en 2024.
«Esto impactaría de forma negativa en las reservas en divisas extranjeras y en la estabilidad de la tasa de cambio, ya que estos flujos podrían afectar la posición de las reservas del país», ha manifestado, al tiempo que ha abundado en que la capacidad del Gobierno para lograr los objetivos de los Presupuestos de 2024 se verá «socavada».
Por ello, ha reclamado a la Presidencia unos contactos «estructurados» con «fuerzas conservadoras locales, como los organismos religiosos y las organizaciones de fe, para comunicar las implicaciones económicas de la aprobación del proyecto Anti LGBTQ y construir una coalición más fuerte y un marco para apoyar las iniciativas de desarrollo que probablemente se verán afectadas.
En esta línea, ha pedido conversaciones con «países conservadores, incluidos los países árabes y China», lo que «podría ayudar a obtener recursos para rellenar los potenciales vacíos de financiación que se crearían», antes de recalcar que el mandatario «podría tener que aplazar su consentimiento» hasta que los tribunales se pronuncien sobre las apelaciones.
El Parlamento ghanés aprobó la semana pasada una nueva legislación que prohíbe la promoción, defensa y financiación de las actividades del colectivo LGTBQ, incluidas condenas que van desde los seis meses hasta los tres años de prisión para aquellos que se identifiquen como miembros del colectivo; y penas desde los tres a los cinco años de cárcel para los promotores o patrocinadores de actividades del mismo.
Poco después de conocerse la noticia, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, criticó que la legislación condena a personas LGTBQ «simplemente por ser quienes son» y amenaza con sancionar a quienes apoyen al colectivo.
«Insto al Gobierno de Ghana a que tome medidas para garantizar que todas las personas puedan vivir libres de violencia, estigma y discriminación, independientemente de su orientación sexual o identidad de género», manifestó, antes de incidir en que «el proyecto de ley es contrario a la propia Constitución de Ghana».
Este proyecto de ley es, a pesar de todo, una versión suavizada del último borrador presentado en el Parlamento, que contemplaba penas de prisión más extensas e incluso una controvertida cláusula sobre terapias de reconversión. Ghana ya ilegalizó en el pasado las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, penadas con una condena de hasta tres años de cárcel.
