La Comisión de Justicia del Congreso se reúne el jueves para emitir dictamen sobre la Ley de Amnistía
La Comisión de Justicia del Congreso se reunirá este jueves, a las once de la mañana, para emitir dictamen sobre la proposición de Ley de Amnistía y lo hará el mismo día en que finaliza el plazo para cumplimentar ese trámite.
Según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, antes de cursar la convocatoria formal, el presidente de este órgano, el socialista Francisco Lucas Ayala, trasladó esta información a los miembros de la comisión.
Así las cosas, el PSOE podrá estirar hasta el momento de la comisión las negociaciones que mantiene abiertas con Junts sobre el contenido de la ley que, para salir adelante deberá contar con el beneplácito del resto de sus socios parlamentarios.
La proposición de Ley de Amnistía regresó a la Comisión de Justicia el pasado 6 de febrero, después de que una semana antes Junts votara en contra de la misma en la votación de conjunto a la que tuvo que someterse en el Pleno por tener carácter orgánico.
Entonces se abrió un primer plazo para la emisión del nuevo dictamen que después se amplió a petición del Grupo Socialista. Fue entonces cuando la Mesa del Congreso fijó el 7 de marzo como fecha límite.
A PLENO, LA PRÓXIMA SEMANA O LA SIGUIENTE
La previsión es que el nuevo dictamen, si lo hay, se eleve al siguiente Pleno de la Cámara. Sus promotores podrían intentar incluirlo en la sesión de la próxima semana –cuyo orden del día definitivo aún no está cerrado– pero si no es posible, iría la semana del 18 de marzo.
Allí la ley será sometida de nuevo a dos votaciones. Primero se votará el dictamen de la comisión y después tendrá lugar la votación de conjunto por tener carácter orgánico y que sólo será fructuosa si el texto recaba el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara.
Si esto sucede, la iniciativa se enviará al Senado para que continúe su recorrido. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y quiere retrasar al máximo los trámites. En cualquier caso, no podrá hacerlo más de dos meses puesto que ese es el límite que establece la Constitución.
