Albares envía una nueva carta a Metsola para pedir el uso de catalán, euskera y gallego en la Eurocámara
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha enviado una nueva carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para solicitar que el catalán, el gallego y el euskera puedan usarse en los plenos de la Eurocámara.
Así lo ha desvelado durante su comparecencia ante la Comisión Mixta para la UE, después de que ya el viernes abordara esta cuestión con Metsola durante el encuentro que mantuvieron en el marco de la visita de la política maltesa a Madrid.
Albares ya había enviado una carta en este sentido a la presidenta de la Eurocámara en septiembre de 2022. Según ha explicado, le ha remitido una nueva misiva para pedir que se formalice «un acuerdo administrativo entre España y el Parlamento Europeo para el uso del catalán, el euskera y el gallego».
En este sentido, ha pedido a los diputados y senadores de «todos los grupos políticos que hablen con sus familias políticas en el Parlamento Europeo y les pidan el apoyo en la mesa» de la Eurocámara «para materializar este objetivo que está a nuestro alcance si trabajamos todos juntos y coordinadamente».
El ministro ha vuelto con ello a solicitar el respaldo de todos los grupos en este esfuerzo, como ya hiciera en sus comparecencias ante la Comisión de Exteriores y en la Comisión de Cooperación de Cooperación Internacional del Congreso, dirigiéndose entonces en particular al PP.
Al margen de esta petición concreta a la Eurocámara, Albares ha asegurado que el Gobierno sigue trabajando para que el catalán, el euskera y el gallego pasen a ser parte del régimen multilingüístico de la UE, ahora con la Presidencia de turno que ostenta Bélgica, «país plenamente comprometido con el multilingüismo».
En este sentido, ha insistido nuevamente que las lenguas cooficiales forman parte de «nuestra identidad nacional, no requieren modificación de los tratados» y que el caso español «es único» por lo que «no supondría ningún precedente jurídico para ningún otro Estado, ni implicaría gastos adicionales para la Unión, porque los asumiría España».
