Sumar defiende la legalidad de la ley de amnistía ante la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa

Advierte de maniobras de PP y Vox para «deslegitimarla»

El Grupo Plurinacional Sumar ha remitido a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como Comisión de Venecia, un amplio informe en el que defiende la legalidad de la amnistía y en el que advierte de las maniobras del PP y Vox para «deslegitimar» al Gobierno con ella.

«No se sostiene la posición del PP manteniendo que la aprobación de una ley de amnistía por el Parlamento de España supone una intromisión en las competencias del Poder Judicial, un ataque a la independencia de este poder del Estado y un ataque a la igualdad entre españoles, en ambos casos por tratarse de una norma jurídica que dejará sin efecto condenas ya adoptadas por los tribunales o impedir que los tribunales juzguen conductas afectadas por una hipotética amnistía», ha destacado el grupo parlamentario Sumar.

El documento, coordinado y firmado por el portavoz de la formación en temas de Justicia e Interior, Enrique Santiago, señala que las acciones de rechazo a la ley de amnistía por parte del PP y Vox carecen de «sustento jurídico serio» y tienen más que ver con «su incapacidad para asumir los resultados de las pasadas elecciones generales».

La Comisión de Venecia es un amplio grupo de miembros de este órgano consultivo del Consejo de Europa, compuesto por expertos independientes y designados por los 61 Estados miembros para manifestarse sobre cuestiones de Derecho Constitucional, que visitaron España a comienzos de febrero.

Además de encuentros con el Gobierno y con representantes de la judicatura, el 8 de febrero mantuvieron una reunión de trabajo con los/as portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso, de quienes durante cerca de dos horas recibieron valoraciones.

El grupo de Sumar les remite ahora un detallado trabajo técnico y político, con amplias explicaciones sobre su valoración de todo lo concerniente a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, para que las tengan en cuenta de cara al informe de conclusiones que la citada Comisión de Venecia se comprometió a elaborar y hacer público a mediados del próximo mes de marzo.

«Para abordar con seriedad y serenidad la cuestión de la amnistía, lo primero que debe hacerse es analizar la situación derivada de un proceso político que se inicia en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010, que declara inconstitucional una serie de artículos del Estatut de Cataluña», precisa el documento.

El texto del informe constata también la «innegable desconexión entre amplias capas del pueblo catalán y el resto de España», que culminó en el referéndum del 1 de octubre de 2017. Los sucesos que ocurrieron en torno a esa consulta «generaron una nueva herida anímica», en un proceso que, no se puede olvidar, «tuvo lugar mientras gobernaba España el Partido Popular bajo la presidencia de Mariano Rajoy, quien fue incapaz de encauzar el conflicto por la vía del diálogo», apunta el documento.

El trabajo del grupo parlamentario de Sumar incide en que, a nivel judicial, desde entonces «se han abierto decenas de causas judiciales contra las personas involucradas en la preparación o ejecución del fallido referéndum».

«En 2021 se otorgó el indulto a los principales líderes independentistas condenados por el Supremo tras haber cumplido más de tres años y medio de prisión, siendo que en las pasadas elecciones de julio de 2023 el resultado otorgó una mayoría a las fuerzas políticas favorables a este tipo de medidas, por lo que han sido avaladas por la voluntad popular expresada en las urnas», enfatiza la formación.

Sobre el encaje legal de la norma, la formación indica que «la amnistía y su otorgamiento no están prohibidas en la Constitución Española, que sí lo hace con los indultos generales, aunque lógicamente debe existir una causa fundada que la motive» y se apunta también que «lo que sí está vedado por derivación, además de la arbitrariedad en su aprobación, es la impunidad de las acciones penales que puedan cometerse posteriormente».