El sector de los carburantes pide al Gobierno más determinación y medidas para acabar con el fraude en España
Productores y distribuidores de carburantes y biocarburantes han solicitado al Gobierno una «mayor determinación» y nuevas medidas para «perseguir y erradicar» el fraude que afecta al sector en España, con el objetivo de recuperar la recaudación del IVA actualmente defraudado, garantizar la seguridad de suministro de combustibles y la protección de los consumidores.
En un comunicado conjunto, Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-e y UPI aplaudieron la incorporación de medidas orientadas a la lucha contra el fraude en la distribución de combustibles, recogidas en el reciente Real Decreto-Ley 8/2023, pero animó al Gobierno a adoptar medidas adicionales que contribuyan a este objetivo, que «constituye un problema muy grave».
A finales del año pasado, el Gobierno aprovechó el decreto ómnibus de medidas económicas para incluir en él varias reformas de la Ley de Hidrocarburos para adoptar medidas con el fin de evitar la escalada de fraudes cometidos por algunos operadores minoristas en la venta de carburantes.
No obstante, productores y distribuidores ya están trabajando en una batería de medidas adicionales para luchar contra el fraude, que hará llegar a la Administración.
Estas asociaciones, que representan a toda la cadena de valor de la producción y distribución de carburantes y biocarburantes con más de 800 empresas, recordaron que ya han denunciado «en reiteradas ocasiones la proliferación de prácticas fraudulentas» por incumplimiento de obligaciones sectoriales, como la de incorporación de biocarburantes, o de obligaciones fiscales, principalmente el IVA, «ocasionando problemas de competencia desleal en el sector, así como para las arcas públicas, y los consumidores finales y la apuesta por la descarbonización de la economía».
Así, valoraron positivamente la prohibición de suministro entre distribuidores al por menor y de distribuidores al por menor a operadores al por mayor, dado que esta práctica facilitaba la creación de entramados societarios fraudulentos que «actúan con total impunidad».
AGILIZAR LOS PROCESOS DE INHABILITACIÓN.
Además, creen que también es positivo la posibilidad de inhabilitar de manera permanente a aquellos operadores al por mayor que incurran en infracciones muy graves, aunque pidieron mejorar los mecanismos de control del cumplimiento de las obligaciones y que se agilicen los procesos de inhabilitación de los operadores incumplidores.
Por otra parte, subrayaron la importancia de agilizar la aprobación de la Orden ministerial, sometida a consulta en 2023, que incrementa la periodicidad del control del cumplimiento de los objetivos de incorporación de biocarburantes en el transporte, pasando a verificaciones trimestrales frente a las anuales actuales, y amplía el seguimiento e incrementa las cuantías de los pagos compensatorios ordenados a aquellas empresas que no incorporen el porcentaje mínimo de biocombustibles establecido.
«De hecho, la propia exposición de motivos del citado Real Decreto-Ley señala que siete empresas han dejado de pagar al Estado 95 millones de euros por este concepto sólo en 2022», añadió al respecto.
