Cantabria dará herramientas a los ayuntamientos para regular el «auge descontrolado» de los pisos turísticos

El Gobierno de Cantabria dará herramientas a los ayuntamientos para regular el «auge descontrolado» de las viviendas de uso turístico, cuyas solicitudes se están «desmadrando» y alcanzaron las 2.031 en 2023, un 128 por ciento más que un año antes.

Así lo ha señalado la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, este miércoles en declaraciones a la prensa tras reunirse con la Federación de Municipios de Cantabria y varios ayuntamientos para abordar esta problemática que «trasciende» lo turístico.

Según la consejera, todos ellos han compartido su «preocupación» por la magnitud que está alcanzando este problema y tienen claro por dónde tienen que ir las soluciones.

Ha explicado que los mayores problemas vienen derivados de este «auge descontrolado» de la vivienda turística, que ha experimentado un crecimiento «verdaderamente abrumador» del año pasado a este y que la mayoría de los municipios «no tienen herramientas para regularlo».

Por esta razón, ha indicado que el Ejecutivo autonómico va tratar de arbitrar un decreto que les permita a los ayuntamientos «adecuar» su normativa para controlar estas licencias de uso turístico.

Fernández ha apuntado que atajar y censar las viviendas ilegales es «complicado» porque no tienen recursos ni personal para hacerlo, como es el caso del rastreo en las plataformas, salvo que alguien interponga una denuncia «muy clara».

Según ha indicado, desde la Consejería tienen que ir viendo cómo se resuelve este asunto y qué herramientas se van poniendo a su disposición, como la inteligencia artificial, pero, de momento van a controlar el acceso a viviendas legales de todas estas solicitudes, que se están «desmadrando».

En este sentido, ha avanzado que va a haber «cambios» para que los ayuntamientos encuentren «la fórmula» con su planeamiento y su normativa urbanística para que ellos puedan regularlo.

«Nosotros podemos regular la parte que tiene que ver con turismo, pero esto tiene también mucho de competencia urbanística y eso es lo que estamos tratando de arbitrar, darles herramientas para que ellos, con su normativa, puedan regular dónde y cómo quieren tener esas viviendas», ha dicho.

De esta forma, la titular de Turismo ha indicado que los ayuntamientos que tengan desarrollados sus planes generales, probablemente ya puedan articular medidas para regularlo de una forma «más eficiente».

Mientras que los que no tengan hecho ese planeamiento, como sacar un plan general, que lleva mucho tiempo, «quizá tengan que recurrir a ordenanzas», si bien es un tema que ellos tendrán que ir arbitrando una vez que ya esté el decreto.

La consejera cree que los ayuntamientos son los «principales interesados» en regular la vivienda turística para «aliviar un poco» la presión sobre las zonas tensionadas , un problema, ha indicado, que «trasciende» del ámbito turístico.

Y ha añadido que serán los propios ayuntamientos los que tengan que delimitar dichas zonas tensionadas para resolver qué zonas o cómo quieren arbitrar el reparto de esas viviendas turísticas.

En este sentido, ha señalado que los ayuntamientos de la costa, como Laredo, Comilla y San Vicente, son los que tienen «más problemas», además de Potes, es decir, los ayuntamientos más turísticos.

«Si seguimos con ese crecimiento pues es que va a llegar un momento en que la situación va a ser insostenible, no podemos demorar más este problema», ha valorado Fernández.

EL NUEVO DECRETO ESTARÁ LISTO EN VERANO

En cuanto al decreto, ha detallado que se van a realizar «cambios» para que los requisitos exigidos para otorgar la licencia de vivienda turística, además de la declaración responsable, se presenten «a priori» de la solicitud y no posteriormente, como sucede en la actualidad y, así, pueda haber un mayor seguimiento y que esté mejor regulado.

Ha indicado que está previsto reunirse también con los administradores de fincas para tratar de encontrar el máximo consenso y que sea un decreto «positivo para todos».

En cuanto a los plazos de la nueva normativa, ha apuntado que no cree que está lista antes del verano, pero sí «en el entorno del verano».

Ha detallado que a principios de marzo saldrá consulta pública, que será unos diez días, después tiene que ir a trámite de información y audiencia, que son otros diez días, y se dedicará un tiempo a analizar todas las aportaciones que vayan haciendo los distintos colectivos o las personas particulares.

Por lo tanto, no puede precisar cuánto va a llevar la elaboración de este decreto, pero ha subrayado que es un objetivo «prioritario» y tratarán de acelerarlo «lo máximo posible».

SANTANDER, SUANCES Y COMILLAS

En concreto, según datos del Ejecutivo autonómico, el número de declaraciones responsables de viviendas de uso turístico presentadas en la región en 2023 ascendieron a 2.031, lo que supone un 128 por ciento más que el año anterior –890–.

En total, ascienden a 3.934 las declaraciones presentadas entre 2020 y 2023. Los ayuntamientos que han registrado más solicitudes desde 2020 y hasta la actualidad han sido Santander (1.338), Suances (199), Comillas (177), San Vicente de la Barquera (165), Ribamontán al Mar (157), Noja (143), Miengo (123), Piélagos (123) y Santoña (109).

ACTITUD «PROACTIVA» DE SANTANDER

Por otra parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha participado en la reunión de la FMC con la consejera, ha subrayado la «actitud proactiva» de la ciudad y su colaboración con el Gobierno de Cantabria ante la necesidad de regular las viviendas de uso turístico.

En el encuentro, la regidora ha trasladado las propuestas que Santander plantea para abordar la situación, que están relacionadas con la compatibilidad urbanística, la actividad económica o profesional y la categoría de las viviendas de uso turístico.

En este sentido, ha señalado que una de las sugerencias trasladadas para que sea incluida en el Real Decreto es la obligatoriedad de los propietarios de obtener licencia de actividad.

Como ha asegurado, se van a compartir datos y se va a trabajar de forma conjunta puesto que el objetivo, compartido de ambas administraciones, es el de «regular, que no prohibir», ya que es necesario que las viviendas turísticas cumplan con determinados requisitos, como lo hacen los hoteles, «que en este momento está en inferioridad de condiciones»

Asimismo, ha indicado que tanto Ayuntamiento como Gobierno coinciden en que hay que exigir, además, un pago «distinto» de IBI o tasas.