PSOE y ERC pactan tener lista en abril la comisión que estudiará vulneraciones de Derechos Humanos hasta 1983

Los independentistas dan más margen al Gobierno para el procedimiento de solicitud de nuevas restituciones de bienes incautados

El PSOE se ha comprometido con ERC a nombrar a más tardar en abril a los miembros de la comisión técnica que se encargará de estudiar si hubo casos de vulneración de Derechos Humanos tras la aprobación de la Constitución y hasta 1983, una investigación prevista en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura.

Los socialistas y la formación independentista catalana han alcanzado este acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el marco del debate de la moción registrada por ERC y que se debatirá en el Pleno del Congreso este martes.

El texto original de ERC planteaba un calendario para la aplicación completa de la Ley de Memoria en un plazo de tres meses y también recogía la necesidad de poner en marcha algunos aspectos concretos en tan solo un mes. Esquerra incide en que la mayoría de los plazos fijados en la propia norma –vigente desde octubre de 2022– ya se han sobrepasado con creces.

Pero finalmente han acordado una enmienda con el PSOE para alargar ese plazo hasta finales del próximo mes de junio, cuando acabe el presente periodo de sesiones.

TORTURAS Y LOS GAL

Eso sí, la designación de miembros de la comisión encargada de analizar posibles vulneraciones de Derechos Humanos una vez aprobada la Carta Magna, en diciembre de 1978, y hasta 1983, deberá realizarse como muy tarde en abril. Además, habrá de dar cuenta a la Cámara antes del paréntesis estival del estado de sus trabajos hasta entonces.

La creación de esa comisión fue uno de los acuerdos que Bildu alcanzó con el PSOE en la anterior legislatura para apoyar la Ley de Memoria Democrática. Durante el estudio de esos posibles casos de atentados contra los Derechos Humanos podrían incluirse supuestos de torturas y actuaciones de la llamada guerra sucia contra ETA, incluidos los GAL en la primera etapa del primer Gobierno de Felipe González.

Según la enmienda pactada por ambas formaciones y que previsiblemente se aprobará este martes en el Pleno, antes del 30 de junio deberá presentarse en el Congreso el catálogo de símbolos franquistas que tiene que elaborar el Gobierno, así como el informe relativo a su retirada.

AUDITORÍA DE BIENES

El mismo tope temporal se ha puesto para el envío a la Cámara del informe sobre el cumplimiento del artículo 31 de la ley, relativo a la realización de una auditoría de bienes inmuebles expoliados por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura y los derechos de contenido patrimonial de los que fueran titulares los ateneos, cooperativas o entes similares.

Otro de los asuntos de los que el Gobierno deberá informar al Congreso antes del 30 de junio es de cómo será el procedimiento para que los partidos políticos puedan reclamar la restitución de los bienes y derechos que les fueron incautados entre 1936 y 1939 o la compensación correspondiente.

La aprobación del Reglamento que fije ese procedimiento debería haberse producido el pasado mes de abril. Se trata, en concreto de dar cumplimiento a lo ya previsto en la Ley de Memoria Histórica de 2007 que contemplaba la reforma de la ley de 1998 por la que ya se devolvió a los partidos bienes que les quitó el franquismo.

La norma vigente establece que se fije «un nuevo plazo para la presentación de las solicitudes de restitución o compensación» a los partidos de esos bienes y derechos. En su moción original ERC exigía que todo estuviera listo en un mes para que los partidos pudieran empezar a cursar reclamaciones pero la enmienda se limita a obligar al Gobierno a presentar antes de finales de junio «un informe sobre los avances» para dar cumplimiento a esta previsión.

El PSOE y ERC también fijan el mismo plazo para que se informe al Congreso del estado del banco de ADN destinado a facilitar las exhumaciones de víctimas y del informe sobre el cumplimiento de las actuaciones para la reparación y el reconocimiento a las víctimas que realizaron trabajos forzados por el franquismo, así como de los trabajos para la señalización de los lugares en los que los llevaron a cabo.