Cultura no ve problema en colocar placas solares en el Congreso y la Cámara se prepara para licitar las obras
El Ayuntamiento de Madrid, que pidió garantías de que no afectarían a elementos patrimoniales, tiene ahora un mes para dar su autorización
El Ministerio de Cultura ha dado su visto bueno a la colocación de paneles solares en seis edificios del Congreso al constatar que su instalación no «altera» ni «menoscaba los valores del conjunto histórico en el que se localizan los inmuebles», con lo que la Cámara se prepara ya para reactivar la licitación de estas obras.
El pasado mes de octubre, la Mesa del Congreso ya convocó un concurso para buscar una empresa que colocara los paneles, pero lo anuló a las pocas horas porque el Ayuntamiento de Madrid avisó de que no autorizaría la intervención si no tenía garantías de que no se verían afectados elementos históricos.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, habitualmente la licitación y la obtención del permiso para las obras se tramitan en paralelo, pero esta vez desde el consistorio del popular José Luis Rodríguez Almeida, se dejó claro que no habría licencia si no tenían las garantías que pedían.
Por eso el Congreso solicitó un informe a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura. El documento ya está listo se ha remitido al Ayuntamiento, que a partir de ahora cuenta con un mes para pronunciarse.
En concreto, la Cámara instalará paneles solares en seis de sus siete edificios: las cuatro ampliaciones donde se ubican despachos, grupos parlamentarios y salas de reuniones; el inmueble situado en la Plaza de las Cortes 9 recientemente rehabilitado; y la residencia a disposición de la Presidencia de la Cámara –ubicada en la calle Casado del Alisal, cerca del Museo del Prado–, que desde agosto está utilizando Armengol. Queda excluido el decimonónico Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde está el hemiciclo, por su alto valor histórico.
EDIFICIOS CARENTES DE VALOR CULTURAL
En su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes señala que los inmuebles sobre cuyos tejados se van a instalar las placas «no presentan ningún nivel de protección específica» de los recogidos en la Ley del Patrimonio Histórico, pues todos son «edificaciones contemporáneas carentes de cualquier valor cultural».
Eso sí, señala que tres de los edificios afectados –las ampliaciones I y II– y la residencia institucional, sí están el entorno de edificios declarados Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento –los dos primeros, junto al Palacio de la Carrera de San Jerónimo– y el tercero frente a la ampliación del Museo del Prado
Cultura destaca que los paneles se instalarán «sobre cubiertas planas que están a una altura suficiente o presentan antepechos» de manera que no se verán a nivel de calle y que, además, su colocación no afectará ni a la estructura ni a los materiales de las cubiertas» y que, en todo caso, se «trata de una intervención reversible».
La dirección general también recoge que, aunque los edificios se encuentran en el Recinto de la Villa de Madrid, Conjunto Histórico declarado Bien de Interés Cultural, el proyecto «no altera las características generales de su ambiente». También detalla que los paneles se van a poner en cubiertas que las que ya hay otro tipo de instalaciones y maquinarias, y que en otros inmuebles de la zona ya lucen placas solares.
«En conclusión, la intervención propuesta no altera, modifica ni menoscaba los valores del conjunto histórico en el que se localizan los inmuebles, valorándose como una intervención adecuada y compatible con la tipología y características de las edificaciones objeto de la intervención y del lugar en el que se ubican», finaliza el informe de Cultura.
202.000 EUROS CON CARGO A REMANENTES
Así las cosas, en la Cámara Baja esperan que el consistorio capitalino ya no ponga ningún problema y confía en poder reactivar el concurso a más tardar el próximo mes de marzo. Lo hará con los mismos pliegos que aprobó en octubre.
El plazo máximo de ejecución del contrato, que se divide en tres lotes, es de cuatro meses, y el presupuesto base de licitación asciende a 202.058,03 euros, IVA incluido.
Este gasto se llevará a cabo con cargo al fondo de remanentes presupuestarios del Congreso. Según los últimos datos publicados por el Congreso, a 31 de marzo de 2022, fecha de cierre del ejercicio 2021, la cuantía de ese fondo era de 108,24 millones de euros.