Abertis estudia impugnar el fallo del Supremo y cifra su impacto en el beneficio de 2023 en 29 millones
Abertis ha asegurado este martes en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no comparte la interpretación del convenio de 2006 de la autopista de peaje AP-7 realizada por el Tribunal Supremo (TS) y estudia, «en defensa de sus legítimos intereses, las posibles vías de impugnación».
El Tribunal Supremo ha desestimado la reclamación de Abertis al Estado de 4.000 millones de euros en relación con las obras de ampliación de carriles ejecutadas en la autopista de peaje AP-7 en el año 2006, estimando tan solo la concesión de 33 millones de euros por las inversiones que sí fueron reconocidas por la Administración.
La compañía ha tomado conocimiento de este fallo, derivado del contencioso que su filial Acesa ha mantenido con la Administración Pública en relación con el cálculo del saldo de compensación que resulta de la modificación del contrato en 2006 del convenio de la autopista de peaje AP-7.
Abertis ha destacado que el TS no estima la pretensión principal de la compañía basada en su derecho a ser compensada por el margen diferencial entre el tráfico real y el previsto, al no considerar que dicho convenio estableciera una redistribución del riesgo de tráfico entre Administración concedente y concesionaria.
IMPACTO EN LAS CUENTAS
La compañía estima que la sentencia sobre la compensación de tráfico supone una pérdida contable neta de provisiones de unos 250 millones de euros.
Asimismo, calcula que el fallo del Supremo supone un ingreso de caja neta de unos 65 millones de euros, al reconocer el TS el derecho de Abertis a ser compensada por ciertas inversiones complementarias.
Sin embargo, teniendo en cuenta otras reversiones de provisiones e ingresos extraordinarios, el impacto neto de la sentencia en el resultado de Abertis en 2023 «será de sólo unos 29 millones de euros».
En cualquier caso, la compañía ha asegurado que continúa enfocada en la ejecución de su estrategia de crecimiento global, con el apoyo de sus accionistas ACS y Mundys.
Tras cumplirse el 31 de agosto de 2021 el plazo de duración de la concesión, el Consejo de Ministros adoptó en febrero de 2022 un acuerdo para compensar en 1.070 millones de euros las obras realizadas, algo que fue impugnado por Acesa, la concesionaria de Abertis.
Los títulos de ACS, accionista de Abertis, se desplomaron este lunes cerca de un 10% en Bolsa después tras conocerse el fallo del Supremo.
