Feijóo reúne este lunes a la Junta Directiva del PP con la amnistía y la campaña gallega como telón de fondo
La cita de la plana mayor del PP se produce un día antes de que el Congreso apruebe la ley de amnistía para remitirla al Senado
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP para analizar la «ofensiva política, jurídica y social» de la formación contra la Ley de Amnistía, que se aprobará al día siguiente en el Pleno del Congreso. A pocos días de que arranque la campaña gallega, el partido visualizará además su apoyo al presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda.
De hecho, antes de esa reunión, está previsto que Feijóo presente el desayuno informativo de Rueda que organiza el diario La Razón. Ambos volverán a coincidir cinco días después, el sábado 3 de febrero, para protagonizar un mitin en la Plaza de Toros de Pontevedra, talismán de las mayorías absolutas del PP en Galicia.
EL PP BUSCARÁ DILATAR LA NORMA EN EL SENADO
Esta reunión de la Junta Directiva del PP, máximo órgano del partido entre congresos, se produce un día antes de que el Congreso apruebe la Ley de Amnistía y la remita al Senado, donde el PP buscará dilatar la norma lo máximo posible.
Por lo pronto, el PP ya ha pedido en el Senado –donde tiene mayoría absoluta– que la Comisión General de las Comunidades Autónomas realice un informe acerca del «contenido autonómico» de la proposición de Ley de Amnistía, según consta en la iniciativa registrada a la que ha tenido acceso Europa Press.
Además, los populares quieren solicitar la comparecencia de juristas y expertos en el Senado, donde Vox ha pedido al Grupo Popular que paralice la tramitación de esa norma, amenazando incluso con querellarse contra los miembros de la Mesa de la Cámara Alta.
LA RUTA POR LA IGUALDAD DEL PP
Antes de esa remisión al Senado, el Pleno del Congreso deberá dar luz verde a la Ley de Amnistía el martes, un debate clave en el que es previsible que el propio Feijóo tome la palabra desde la tribuna de oradores.
Además, el presidente del PP tiene previsto viajar este miércoles a Bruselas para participar el jueves en la tradicional reunión del Partido Popular Europeo (PPE) que es previa a los Consejos Europeos. Allí tendrá ocasión de exponer a sus colegas europeos el rechazo del PP a la amnistía y los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas.
La Junta Directiva del PP de este martes servirá también para empezar a planificar la «ruta por la igualdad» que anunció Feijóo y que recorrerá España como «símbolo de resistencia» frente a los pactos del Gobierno con los independentistas.
Esa ruta por la igualdad ha tenido este domingo su primera parada en la concentración que el PP ha convocado en la Plaza de España de Madrid, a la que han asistido más de 70.000 personas, según fuentes del partido. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha cifrado la asistencia en unas 45.000 personas.
«Vamos a rescatar democráticamente este país», ha proclamado Feijóo en la protesta, donde ha pronosticado que el jefe del Ejecutivo será castigado en las urnas porque ha desatado una «tormenta de dignidad» en todo el país que «cada día es más fuerte».
Según Feijóo, los españoles no van a «pasar una» a este «Gobierno nefasto que no tiene vergüenza». «Este Gobierno no tiene principios pero sí tendrá un final más pronto que tarde», ha sentenciado en esta movilización a la que han asistido casi todos los barones territoriales del PP y los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy.
EL MIÉRCOLES, CITA EN BRUSELAS PARA EL CGPJ
La protesta de los populares contra el Gobierno, que acredita la distancia que separa a PSOE y PP en esta legislatura, se produce cuando se abre una ventana de negociación entre ambos con la mediación de la Comisión Europea para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha citado en Bruselas el próximo miércoles al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, para intentar desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva cinco años caducado.