La SEMFYC pide que no se anticipe la entrada al mercado laboral de los médicos hasta que no finalicen su residencia
Desde la Vocalía de Unidades Docentes (UUDD) y de Residentes de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), con el apoyo de la Junta Directiva, han puesto de manifiesto que «los residentes de cuarto año lo seguirán siendo hasta finalizar su formación, tal como se recoge en el contrato que les vincula con las diferentes áreas sanitarias donde desempeñan sus funciones» y que, por tanto, «no se puede permitir que se solucionen problemas estructurales asistenciales con estos futuros Médicos de Familia anticipando su entrada en el mercado laboral».
«No se puede ni se debe ofrecer ningún otro tipo de contrato a estos residentes mientras estén en su periodo de formación, como se indica claramente en el contrato firmado: «La prestación de servicios del residente será incompatible con la realización de cualquier otra actividad profesional y formativa en los términos previstos en el artículo 20.3 a) de la ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias», han señalado en un comunicado.
De esta manera, los médicos de familia han recordado que la actividad del residente del último año «debe regirse en todo momento por lo explicitado en el Programa Oficial de la Especialidad (POE) en vigor, que claramente especifica que deben realizar sus funciones con la posibilidad de ser tutorizados en caso de duda o situaciones complejas por tutores y/o Médicos de Familia del centro donde trabaje».
El periodo de formación de los residentes de MFyC es de cuatro años, tal y como se especifica en el POE de la Especialidad y la relación contractual de los residentes está claramente regulada en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
«Por todo lo ello, consideramos que de ninguna manera se puede acortar la duración de la formación en MFyC, cuestión ésta que el Ministerio de Sanidad ha corroborado en numerosas ocasiones, de modo que no tiene cabida esta posibilidad, que en algunos sectores se está valorando», han señalado, resaltando que «cualquier situación que no siga las directrices anteriormente comentadas supondrá una ilegalidad, una sobrecarga al residente y un peligro para la seguridad del paciente, que tiene derecho a ser atendido por un profesional correctamente formado en las condiciones que la normativa exige».
