Gayo (Telefónica) defiende el ERE: «Hemos intentado hacerlo de la manera menos traumática para las personas»
El presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, ha defendido la necesidad de la compañía de «abordar la renovación» de la plantilla y de eliminar posiciones «muy manuales» en un contexto de mayor digitalización, por lo que ha valorado de forma positiva el desarrollo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) para 3.421 trabajadores que la compañía ejecutará en sus tres principales filiales en el país (Telefónica de España, Móviles y Soluciones).
«Hemos intentado hacerlo de la manera menos traumática para las personas que trabajan con nosotros», ha afirmado este jueves el directivo en el marco de las jornadas El futuro del empleo, el empleo con futuro organizadas por el sindicato UGT.
En esa línea, ha destacado tanto el proceso de diálogo con los sindicatos para abordar la definición del despido colectivo en la compañía como las «buenas condiciones» que se han ofrecido a los empleado «hasta la jubilación», sin olvidarse de que después de que salgan de la compañía «existe un día a día que tienen que vivir fuera de Telefónica».
También ha explicado que las condiciones ofrecidas a los trabajadores han priorizado que el proceso sea «lo más voluntario posible».
Además, Gayo ha subrayado que el proceso de renovación de la plantilla no implica solo las salidas de trabajadores, sino que la compañía también busca atraer «talento joven» que sea nativo digital.
En su intervención, el directivo de Telefónica también ha destacado el acuerdo para el nuevo convenio colectivo, el cual considera que es un marco de relaciones laborales que permite a la empresa «avanzar» en un modelo de igualdad y sostenibilidad.
«Creo que recoge muchos de los problemas que tenemos en la compañía, muchas de las cosas que necesitamos para que nuestros trabajadores también se desarrollen y avancen, y recoge estabilidad», ha argumentado.
En ese sentido, ha hecho hincapié en que el nuevo convenio colectivo de empresas vinculadas de Telefónica –que entró en vigor el pasado 1 de enero y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026– recoge una reducción de la jornada laboral hasta las 36 horas semanales durante la duración del acuerdo.