Cantabria sube el precio tope de venta y alquiler de las VPO para recuperar la inversión privada

El metro cuadrado podrá costar como máximo 1.781 euros y el alquiler 519 euros en la zona más cara de la comunidad

El Gobierno de Cantabria (PP) ha anunciado una subida del 21,7% en el precio tope del módulo de Vivienda de Protección Oficial (VPO) para que la construcción sea rentable para los promotores privados, lo que supone que estos inmuebles pasarán de tener un precio máximo de 1.394 euros por metro cuadrado a 1.781,12 euros en la zona más cara comunidad, aunque el incremento dependerá del municipio en el que se encuentren.

Y es que ahora se fija en 968 euros el precio del módulo por metro cuadrado útil como tope, y junto a esa revisión de los precios de venta y alquiler de las VPO, que no se actualizaban desde 2014, el Ejecutivo ha elaborado un mapa regional de precios máximos dividido en tres zonas para aplicar un coeficiente distinto en función del tamaño y la población de los municipios, algo que supone una novedad ya que hasta ahora venía siendo igual para todos.

La zona A comprende solo Santander y Castro Urdiales, donde la vivienda es más cara; la B , 41 ayuntamientos entre los que están los de la zona costera y los de más población, y la C los restantes.

El precio final del metro cuadrado se obtiene al multiplicar esos 968 euros que va a costar el módulo por el coeficiente autonómico –que sigue siendo del 1,6 ya que en este caso no se ha modificado– y por los coeficientes correctores que se han determinado para cada zona, que son del 1,15 en la A y del 1,07 en la B, mientras que la C no se aplica.

Así, en la zona A el precio máximo de venta será de 1.781,12 euros el metro cuadrado; en la B, de 1.657,21 euros; y en la C, de 1.548,80 euros, mientras que el alquiler podrá alcanzar los 519 euros, 483 euros y 451 euros, respectivamente.

Esto supone que una vivienda tipo de 70 metros cuadrados útiles podrá costar como máximo 124.678 euros en la zona A, 116.004 euros en la B y 108.416 en la C.

En concreto, la zona B abarca los municipios de Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Comillas, Ruiloba, Alfoz de Lloredo, Cabezón de la Sal, Reocín, Santillana del mar, Suances, Torrelavega, Los Corrales de Buelna, Cartes, Polanco, Piélagos, Miengo, Villaescusa, Santa Cruz de Bezana, Astillero, Camargo, Marina de Cudeyo, Entrambasaguas, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Bareyo, Arnuero, Meruelo, Noja, Escaltante, Argoños, Bárcena de Cicero, Santoña, Colindres, Laredo, Voto, Ampuero, Limpias, Liendo, Guriezo, Campoo de Enmedio y Reinosa.

El objetivo del Gobierno con estos cambios es que la iniciativa privada vuelva a un mercado del que había salido porque es «deficitario» construir con los precios actuales, que habían quedado «obsoletos y fuera de mercado», según ha explicado este miércoles en el consejero de Fomento, Roberto Media, que ha dado una rueda de prensa para informar de la modificación de los precios de la VPO aprobada recientemente en Consejo de Gobierno, por lo que se aplicará a los inmuebles que se impulsen a partir de ese acuerdo.

CUARTA CCAA CON PRECIO MÁS BAJO

Media ha destacado que, pese a la actualización, Cantabria seguirá siendo la cuarta comunidad con el precio más bajo, solo por detrás de Canarias (1.412,30 euros), Castilla y León (1667,60) y Murcia (1.726,40), que no descarta que también revisen sus precios, pues el resto «ya había puesto solución» para compensar el aumento del coste de la construcción.

«Construir VPO era deficitario tanto para el Gobierno como para ayuntamientos y promotores», ha expresado, aclarando que lo que se sube es el precio tope y por tanto los que así lo deseen podrán seguir vendiendo y alquilando a un coste inferior.

Según ha dicho, en los últimos años no se ha construido ni «una sola vivienda pública» desde el Gobierno ni los ayuntamientos, al margen de Santander. Sin embargo, éstas son «necesarias» y «las necesidades no pueden ser cubiertas solo con los recursos del Gobierno», ha defendido el consejero, llamando a atraer inversión privada.

Al hilo, ha señalado que se han actualizado los precios pensando en que edificar vivienda protegida sea «atractivo» pero también tenga un precio «razonable» para quienes la necesitan porque no pueden acceder al mercado libre.

NUEVAS VPO

Media ha criticado que Cantabria ha «mirado para otro lado» mientras se dejaban de construir VPO y ha ensalzado la apuesta del Ejecutivo del PP por retomar esas promociones, recordando que ya hay un plan con 171 viviendas proyectadas en una primera fase en siete municipios, lo que supondrá una inversión de 27 millones de euros, de los que 14 proceden de fondos europeos que «se iban a perder» tras la gestión del anterior Gobierno PRC-PSOE.

A ellas ha sumado las 240 proyectadas en El Campón de Peñacastillo –aunque están atravesando «problemas urbanísticos– y un centenar que podrían salir adelante gracias a que hay numerosos alcaldes dispuestos a ceder terrenos para contar con ellas en sus municipios.

«Esto es hacer política social», ha sentenciado el titular de Fomento, que ha criticado que «a algunos políticos se les llena la boca diciendo que son los más sociales, pero la realidad es la que es».

MÁS FONDOS PARA VPO Y AYUDAS

De hecho, el titular de Fomento ha avanzado que en la Conferencia Sectorial que se celebrará mañana va a pedir al Ministerio de Vivienda más fondos para invertir en vivienda pública, así como para pagar las ayudas para rehabilitación y eficiencia energética que se encontró pendientes de abonar a su llegada a la Consejería.

Al hilo, ha reiterado que descubrió «un agujero de 58 millones» y se han pagado ya 6 millones con fondos de la propia Consejería, además de que se ha comprometido a elaborar un plan de pagos para dar cobertura a lo largo de la legislatura a los beneficiarios que han hecho sus obras y están a la espera de cobrar las subvenciones.

BONO ALQUILER JOVEN

Y respecto al anuncio realizado por el Ministerio de que ampliará los fondos para el Bono de Alquiler Joven, Media ha señalado que «si llega más dinero, gestionaremos y pagaremos», ya que en este caso el Gobierno cántabro es «un meno gestor» y es el central el que marca las condiciones.

Eso sí, se ha comprometido a pagar a mes vencido, pues igualmente a su llegada al cargo en julio se encontró que «había 2.000 personas esperando año y medio para cobrar este bono».