Canarias pide que Europa le asigne fondos extraordinarios para crear una red de centros para menores migrantes
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha solicitado este jueves al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en un encuentro de trabajo en Madrid su mediación con las instituciones europeas para que asignen al archipiélago fondos europeos extraordinarios para crear una red de recursos estables destinados a la acogida y atención de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas a través de pateras.
Delgado ha incidido en la necesidad de dotar a Canarias de infraestructuras «permanentes» dedicadas a los menores que migran solos y quedan bajo la tutela del Gobierno regional, ya que actualmente en el archipiélago «hay un total de 4.500 menores no acompañados» para lo que se dispone de «66 centros para atender sus necesidades», según ha informado la Consejería de Bienestar Social en nota de prensa.
Delgado expuso que es consciente de que el fenómeno migratorio «es estructural y no meramente coyuntural», por lo que manifestó que el objetivo prioritario «es aumentar el número de instalaciones estables, habilitando una en cada isla, con una capacidad para acoger entre 100 y 150 migrantes en cada centro».
La previsión para poner en marcha cinco nuevos centros es de una «inversión mínima» de 16 millones de euros, según apuntó un análisis detallado de las necesidades y recursos necesarios para proporcionar instalaciones seguras y servicios esenciales para los menores migrantes.
En el encuentro con el ministro también se han abordado temas «de gran relevancia» para Canarias, «consolidándose como puntos centrales» de la agenda, entre los que citan el complemento a las pensiones no contributivas que garantice que las familias que reciben estas pensiones no se vean perjudicadas.
Al respecto, se expuso la necesidad de una modificación en la Ley de la Seguridad Social para explorar la posibilidad de realizar cambios normativos que permitan excluir el complemento establecido por la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía de los ingresos computables para las pensiones no contributivas.
