Cepyme advierte de la desaceleración en el empleo en 2023 y apunta a las «rigideces» de mercado laboral

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Avisa también de que los riesgos de nuevos incrementos de costes globales y salariales perjudican la creación de empleo

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha advertido este miércoles de la desaceleración en el empleo ante los datos de afiliación a la seguridad social y de paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo durante diciembre y en 2023.

En concreto, la confederación que lidera Gerardo Cuerva considera que, por un lado, los datos «reflejan el firme compromiso de las empresas con la creación de empleo», aunque advierte de los riesgos derivados de la creciente incertidumbre y de los incrementos de costes globales y laborales, por el incremento de las cotizaciones previsto para este año y la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

La patronal de las pymes afirma que estos costes están minando la capacidad competitiva de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, y sus recursos para abordar nuevos proyectos y crear empleo.

Asimismo, Cepyme expresa en un comunicado de prensa su preocupación por los efectos que tendrán sobre la evolución del mercado laboral algunas de las medidas adoptadas al margen del diálogo social en los últimos meses, que introducen mayor rigidez en el empleo y que generan una creciente incertidumbre de cara al futuro en un entorno de desaceleración.

Por ello, la patronal solicita un mayor esfuerzo para apoyar la actividad productiva, creando un entorno más favorable que incentive la inversión y promueva la creación de empleo, al mejorar las políticas activas y al reducir los obstáculos actuales que impiden a muchas empresas cubrir determinadas vacantes, especialmente las de menor dimensión, que cuentan con recursos más limitados.

La patronal también insiste en la necesidad de poner a las empresas «en el centro de las políticas», como motores del impulso económico, más allá de «meros objetivos para incrementar la recaudación fiscal» con gravámenes que «perjudican y desalientan» la inversión en España.