Más de 500 funcionarios se verán efectados por las medidas de refuerzo organizativo del Gobierno
Se incorporarán complementos en puestos en zonas en riesgo de despoblamiento y se establecen guardias en el Servicio Jurídico
El Gobierno de Cantabria ha adoptado medidas de refuerzo y para avanzar en la especialización de la plantilla pública, que afectan de forma directa a más de 500 funcionarios, y que se recogerán a través de la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT).
Las medidas supondrán una inversión superior a los 900.000 euros y, como novedad, incorporan complementos en los puestos de zonas en riesgo de despoblamiento y el refuerzo de servicios en zonas alejadas de los servicios centrales. También se establecen guardias en la Dirección General del Servicio Jurídico adscritos al Cuerpo de Letrados.
Así lo ha informado este sábado el Ejecutivo en un comunicado, en el que ha explicado que estas medidas, negociadas en la Mesa Sectorial de Función Pública y que incorporan diversas de sus propuestas, suponen «un avance importante en la modernización de los servicios públicos» al tiempo que un reconocimiento a la «labor fundamental» de los funcionarios públicos, según la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia.
Entre las actuaciones de mejora destinadas al personal funcionario destaca la aprobación de un complemento de cuantía fija, vinculado a la localización del puesto de trabajo en zonas con riesgo de despoblamiento y/o a más de 40 kilómetros de los servicios centrales.
El objetivo de la medida, que afecta a un total de 372 puestos de trabajo, es incentivar el desempeño de estos puestos, que en ocasiones resultan de difícil cobertura, y que tienen una «contribución directa al mantenimiento de servicios públicos de calidad y a prestar una adecuada atención a los ciudadanos en el territorio de toda la Comunidad Autónoma», ha señalado Urrutia.
Los 4.686 puestos que conforman la RPT de personal funcionario se distribuyen entre los servicios centrales de las consejerías en Santander, que representan el 84,08% del total; y la organización periférica, que representa el 15,92% y se distribuye en otros municipios.
De los 746 puestos de trabajo actualmente ubicados fuera de Santander, el 49,4% está localizado en municipios afectados por riesgo de despoblamiento y/o situados a más de 40 kilómetros de los servicios centrales.
Por otro lado, los compromisos adquiridos por el Gobierno inciden en la mejora de la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos mediante la adecuación retributiva de los puestos de trabajo con competencias en materia de Recursos Humanos, Gestión Económica o Contratación, áreas transversales en la Administración que requieren competencias cada vez más especializadas, así como de los puestos de inspección, entre otras.
GUARDIAS EN EL SERVICIO JURÍDICO
Además, entre las medidas de reorganización adoptadas por el Ejecutivo figura el establecimiento de guardias en los puestos de la Dirección General del Servicio Jurídico adscritos al Cuerpo de Letrados.
De esta manera, se busca garantizar la atención a incidencias en relación con la jurisdicción de menores, jurisdicción penal, derechos fundamentales en la jurisdicción social o para la presentación de escritos ante los distintos órdenes jurisdiccionales: solicitud de autorización judicial para la entrada en domicilio, cualquier otra medida que incida sobre derechos fundamentales, solicitud de medidas cautelares contencioso administrativas urgentes en materia sanitaria u otras.
Por otro lado, en lo que respecta al personal laboral al servicio de la Administración, el Gobierno y el comité de empresa, una vez suscrito el acuerdo que posibilita el mantenimiento de la jubilación parcial anticipada del personal laboral durante los próximos cuatro años, han alcanzado esta semana el compromiso de llevar a cabo un análisis y revisión «en profundidad» de las condiciones de trabajo de este personal e iniciar un proceso que pueda culminar en la suscripción de un nuevo convenio colectivo.
A partir de enero de 2024, se comprometen a realizar un análisis previo, presentar propuestas concretas y establecer un calendario que pueda culminar en un nuevo convenio colectivo que recoja todos los avances ya realizados y profundice en otras necesidades del colectivo de personal laboral.
