La SVS acuerda destinar 15 viviendas del Nuevo Alisal a alquiler asequible

El PSOE celebra la decisión aunque la cifra «es todavía muy insuficiente y se tendrá que aumentar en el futuro»

La Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) de Santander ha aprobado destinar las 15 viviendas de uno de los portales del Nuevo Alisal en exclusiva a la fórmula del alquiler asequible, por la que el Ayuntamiento mantiene la propiedad y los inquilinos, jóvenes y familias trabajadoras, rotan en función de sus circunstancias económicas.

Así lo ha informado este jueves el PSOE de Santander en un comunicado, en el que ha destacado que, de este modo, el Consejo de Administración de la SVS ha cumplido el acuerdo alcanzado en el pasado mes de noviembre gracias a una moción de este partido y Unidas Podemos que pedía apostar por el alquiler asequible, y que fue enmendada por el PP en el equipo de Gobierno para destinar las primeras 15 en el Sector 1.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha celebrado el acuerdo, aprobado por unanimidad en la SVS, que contempla 282 viviendas públicas, de las que un 63% estarán destinadas a la venta, mientras que 105 (37%) serán para alquiler, con 90 en alquiler con opción a compra a los 10 años, que es el modelo actual, mientras que 15 se reservarán para la nueva modalidad solo para alquiler asequible.

Para Fernández, «es un primer paso que tenemos que valorar, porque por primera vez el Partido Popular en el Ayuntamiento de Santander se abre a la fórmula de vivienda que siempre hemos defendido desde el PSOE, por la que están apostando en Europa, desde el Gobierno de España, desde las comunidades autónomas y desde muchísimas ciudades de todo el mundo», ha sentenciado.

Sin embargo, ha recalcado que la cifra es «muy insuficiente» y «se tendrá que aumentar en el futuro de forma sobresaliente el parque público de vivienda» del Ayuntamiento para cubrir las necesidades de los santanderinos, en especial jóvenes y trabajadores que no encuentran piso en alquiler por la escasez de oferta.

Del mismo modo, ha insistido en que estas 15 viviendas le parecen «muy pocas» en comparación con las 282 que tendrán alguna protección oficial, y «menos aún» en relación con las casi 800 que se destinarán a vivienda libre, cuando el origen del suelo era en un 53,5% público al proceder de la SAREB.

El PSOE ha defendido en el Consejo de SVS las oportunidades que brinda la nueva Ley de Vivienda, que enmarca jurídicamente el alquiler asequible destinado exclusivamente a residencia habitual, durante un tiempo determinado y con precios limitados, para personas con dificultades para acceder a una vivienda de alquiler a precios de mercado.

Los socialistas también han valorado la inclusión de sus enmiendas al Plan de Vivienda, aunque todavía por concretar por parte de la SVS y en última instancia por la Junta de Gobierno Local, y se han comprometido a hacer aportaciones para la modificación de los estatutos de la Sociedad de Vivienda y Suelo.

El portavoz socialista ha argumentado que «hoy es misión prácticamente imposible alquilar una vivienda en Santander para todo el año, para alquiler residencial: es una odisea, es un bien de lujo». «No hay viviendas entre 400 y 500 euros mensuales, que es lo que se puede permitir una persona con un salario máximo de 1500 euros», ha añadido.

Y ha hablado de una «burbuja del alquiler» en la capital cántabra con una «subida brutal de los precios» motivada por las «apenas 400 viviendas que hay en oferta para el alquiler residencial, mientras que hay 1.600 para el alquiler vacacional y más de 2.500 vacías».

EL CAMPÓN DE PEÑACASTILLO ES «IMPORTANTÍSIMO»

Además, ha considerado «importantísimo» que el Gobierno de Cantabria «cumpla con su palabra» y «asuma con fondos propios» –tras renunciar a los 13 millones de euros de fondos europeos– la construcción de 250 viviendas públicas para alquiler asequible en el Campón de Peñacastillo que dejó en tramitación el PSOE la anterior legislatura.

Fernández ha insistido en que «echa en falta» que la alcaldesa, Gema Igual (PP), lo reivindique ante su compañera de partido, la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, y ha apelado a que «haga sus propios deberes evacuando la respuesta negativa al Gobierno, que la tiene guardada en un cajón desde el mes de abril, para que el Ejecutivo pueda introducir las modificaciones que sean pertinentes».