Economistas calculan que el propietario de una segunda residencia soporta un coste fiscal de 1.300 euros
Alertan de que los incentivos fiscales para las viviendas en alquiler, que se aplicarán en 2024, pueden quedar en saco roto
Los fiscalistas del Consejo General de Economistas (CGE) han calculado que el propietario de una segunda residencia estándar puede soportar, «fácilmente», un coste fiscal anual de más de 1.300 euros, según los datos publicados este jueves.
Este jueves se ha presentado la Guía sobre la tributación de la propiedad y el alquiler de vivienda , que ha sido elaborada por el Servicio de Estudios de dicho Consejo General y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).
Los economistas han advertido en la presentación sobre el elevado coste tributario de la promoción y adquisición de viviendas. Según sus cálculos, la carga fiscal es significativa tanto para el promotor como para los compradores, ya que representa aproximadamente el 10% de los costes totales en ambos casos (un 8,83% y un 10%, respectivamente).
En representación del Consejo General de Economistas de España, su presidente, Valentín Pich, ha propuesto que se revise la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones al superponerse «hasta siete veces en una misma promoción inmobiliaria».
Además, para Pich «no es razonable que el tipo impositivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados se haya incrementado en un 200% en la mayoría de las comunidades autónomas».
Respecto a la promoción de vivienda nueva para alquilar, el presidente de los economistas considera que «el hecho de que los promotores de inmuebles no se puedan deducir el IVA puede suponer un obstáculo para acometer proyectos destinados al alquiler, ya que su elevado coste fiscal acaba encareciendo el producto final».
En cuanto a los incentivos fiscales para las viviendas ofrecidas en alquiler, el presidente del REAF-CGE, Agustín Fernández, ha comentado que «los nuevos porcentajes incrementados de la reducción para los propietarios, que se aplicarán a partir de 2024, pueden quedar en saco roto ya que es necesario que las viviendas estén situadas en una zona tensionada y esto va a depender de la voluntad de las comunidades autónomas que son las competentes para declarar las zonas de mercado residencial tensionado».
RALENTIZACIÓN DEL RITMO DE INVERSIONES EN EL PAÍS
Durante la presentación, los representantes del Consejo General de Economistas (CGE) han resaltado la caída de la compraventa de viviendas en España -un 11% interanual en el mes de octubre- y la reducción de la oferta de pisos para alquiler -un 30% desde la entrada en vigor, en mayo, de la Ley de Vivienda-.
Además, desde la organización se ha criticado que las últimas medidas adoptadas han afectado al inversor inmobiliario y han ralentizado su ritmo de inversiones en el país. «Pero están a la espera de cualquier gesto favorable para volver a invertir», han asegurado.
