El Congreso expresa su respeto absoluto por la independencia judicial, pero rechaza pedir el cese de ataques a jueces

MADRID, 19

El Pleno del Congreso ha expresado a última hora de este martes su absoluto respeto por la independencia judicial, pero ha rechazado, con los votos del PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios, pedir el cese de los «ataques e insultos» a miembros de la judicatura, como pretendía el PP.

Todo en el marco de una moción registrada por los populares que era consecuencia de la interpelación que los populares dirigieron el pasado miércoles al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

El texto se ha votado por puntos y sólo ha salido adelante uno con el que la Cámara insta al Gobierno a «respetar escrupulosamente el ejercicio de la potestad jurisdiccional de los jueces y, en consecuencia, la separación de poderes y la independencia judicial». Lo han apoyado el PSOE, el PP y Vox, pero han votado en contra Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG.

Pero el PSOE y sus socios nacionalistas e independentistas sí han votado juntos contra el resto de puntos del texto del PP, que sólo ha recabado el apoyo puntual de Vox y Coalición Canaria. Así, la Cámara ha evitado pedir el cese de «los ataques, invectivas e insultos» hacia los miembros de la judicatura, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los parlamentarios de la oposición y los medios de comunicación.

Para defender la iniciativa ha subido a la tribuna el diputado popular Enrique Belda Pérez, quien ha comparado con la caza de brujas del senador estadounidense Joseph McCarthy las comisiones de investigación aprobadas en el Congreso en virtud del pacto del PSOE con los independentistas catalanes, sólo que, en este caso, su objetivo no son comunistas, sino jueces.

LIBEREN AL CGPJ

La réplica socialista se la ha dado el exministro José Luis Ábalos, quien ha desdeñado un texto, a su juicio, plagado de «dislates y falsedades» redactadas desde «la frustración y el delirio». «Dejen de señalar a jueces y fiscales que no son de su gusto y levanten el secuestro sobre el CGPJ», ha reclamado Ábalos.

Además, ha aprovechado para invitar al portavoz del PP, Miguel Tellado, a imitar al líder de Vox, Santiago Abascal, y su decisión de «retractarse de sus palabras sobre querer ver colgado por los pies» a Pedro Sánchez, «aunque fuera delante de los simpatizantes de Mussolini», en referencia a los militantes Hermanos de Italia , el partido de la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

El PP también ha recibido reproches de Vox, cuyo diputado José María Sánchez García le ha echado en cara haber colocado también a sus afines, por ejemplo en el Tribunal Constitucional, una crítica que ha compartido con el peneuvista Mikel Legarda.

LA LEY DE AMNISTÍA SEGUIRÁ

El texto del PP se ha topado con el rechazo del PSOE, Sumar y los partidos nacionalistas e independentistas que la semana pasada apoyaron la toma en consideración de la Ley de Amnistía, habida cuenta de que el primer punto de la iniciativa solicitaba la retirada de esa norma que la Cámara tramita ya por el procedimiento de urgencia.

Estas formaciones también han votado contra los otros mandatos para el Gobierno que recogía la proposición no de ley del PP. Así, han rechazado exhortar al Ejecutivo a «cesar en los ataques, invectivas e insultos» hacia personas que ejercen la judicatura, que «desempeñan legalmente» sus funciones en el órgano de gobierno del Poder Judicial, los «parlamentarios opositores» que ejercen su función de control al Gobierno y «los medios de comunicación que divulgan todos estos hechos».

NEUTRALIDAD INSTITUCIONAL

Asimismo, se han posicionado en contra de pedir al Ejecutivo que cumpla con la «neutralidad institucional» en relación con el Ministerio Fiscal y todos los organismos y entes autónomos del Estado.

El PP también demandaba que se vetase «cualquier medida política sobre la soberanía española y los derechos y libertades de sus ciudadanos acordada al margen de las instituciones nacionales, internacionales y comunitarias».

El último punto de la moción abogaba por garantizar la protección de la «igualdad de todos los españoles ante la ley» y evitar «medidas que mejoren el estatuto jurídico de unos frente a otros como premio al apoyo de las minorías al Ejecutivo».