Los juzgados cántabros recibieron 635 denuncias por violencia de género en el tercer trimestre, un 9,7% más

Los juzgados cántabros registraron durante el tercer trimestre de este año un total de 635 denuncias por violencia de género, un 9,7 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior (579) y supone casi siete denuncias al día.

En las mismas, figuran como víctimas 626 mujeres -un 13% más que en términos interanuales (554)-. Además, en las denuncias aparecen dos menores tutelados víctima de violencia de género, frente a once del año anterior, según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

A nivel nacional, el incremento de las denuncias fue del 8,09%, y el de víctimas, del 9,57%. La tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres se sitúa en Cantabria en 20,6, inferior a la media española, de 21,4.

A la cabeza se encuentra Islas Baleares (36,8), Murcia (32,3) y Comunidad Valenciana (29,7). Las tasas más bajas se dieron en Galicia (13,3), Castilla y León (13,9) y País Vasco (15,0).

De julio a septiembre, 100 mujeres decidieron no declarar como testigo cuando comparecieron ante los juzgados de violencia sobre la mujer en Cantabria, lo que supone el 16% de todas (el 9,8% en todo el país). Esas cien mujeres son más que las que se acogieron a la dispensa el verano de 2022 (64), concretamente un 56,3% más. A nivel nacional, el incremento es del 8,39%.

Además, en el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander, especializado en enjuiciar delitos menos graves de violencia machista, otras 4 mujeres decidieron no declarar al ser llamadas a juicio, el mismo número que un año antes.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Por otro lado, los magistrados de violencia sobre la mujer de Cantabria acordaron durante el tercer trimestre un total de 78 órdenes de protección de las 125 que les fueron solicitadas, es decir, el 62% de las pedidas (el 69% en España).

Además, los titulares de los juzgados de instrucción en funciones de guardia -que atienden casos de violencia de género por las tardes y fines de semana- acordaron 29 órdenes de protección de las 34 solicitadas, el 85%.

Entre las medidas de protección adoptadas destaca la suspensión de la guarda y custodia, en 10 ocasiones, y la suspensión del régimen de visitas, en 2.

Estos datos figuran en el informe trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial, en concreto del tercer trimestre de este 2023, periodo en el que fueron enjuiciadas 193 personas en la región, de las que 153 fueron condenadas (el 79,3%).

De las 635 denuncias registradas en los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria, el 53,9% fueron presentadas por la propia víctima; el 21,9% llegó al órgano judicial a través de servicios asistenciales o terceros en general; el 18,4% por intervención policial; el 3,3% por un parte de lesiones remitido al juzgado, y 2,5% a través de familiares.

Y de las 626 mujeres que figuran como víctimas en las denuncias presentadas (473 españolas y 153 extranjeras), 104 se acogieron a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo (74 españolas y 30 extranjeras).

SUSPENSIÓN DE GUARDA Y CUSTODIA Y DEL RÉGIMEN DE VISITAS PARA PROTEGER A LOS MENORES

A lo largo del tercer trimestre los juzgados acordaron 78 órdenes y medidas de protección y seguridad, que se tradujeron en 208 encaminadas a la protección de las víctimas, tanto mujeres como menores. De ellas, 162 eran de carácter penal y 46, de naturaleza civil.

Entre las primeras, las más frecuentes fueron el alejamiento de la víctima (77), la prohibición de comunicación con ella (46) y la suspensión de tenencia y uso de armas (29). Además, en otras 4 ocasiones se prohibió al denunciado volver al lugar de los hechos y en 4 acordó la privación de libertad.

Por otro lado, entre las medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y los menores en tanto se resuelve el proceso penal, las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (13), la atribución de vivienda (12), la permuta de uso de la vivienda familiar (8), así como las ya mencionadas de suspensión de la guarda y custodia (10) y suspensión de régimen de visitas (2).

RELACIÓN ENTRE VÍCTIMA Y DENUNCIADO

En la mayoría de los casos en los que se solicitaron órdenes o medidas en los juzgados de violencia, la mujer era española y mayor de edad (92) y en otras 33 solicitudes se trataba de mujeres extranjeras. En cuanto a los hombres denunciados que figuran en las órdenes de protección incoadas, 93 eran españoles y 32 de fuera de nuestro país.

Al analizar la relación que existía entre denunciante y víctima en el momento de producirse la supuesta agresión, en 21 ocasiones eran matrimonio, en 13 lo habían sido, en 38 existía una relación afectiva y en 53 la relación se había roto.

LA MAYORÍA, DELITOS QUE CONLLEVAN DE SEIS MESES A UN AÑO DE PRISIÓN

A lo largo del tercer trimestre de este año, los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria recibieron 669 asuntos penales. De ellos, 239 apenas requirieron instrucción y se llevaron por juicio rápido, 21 fueron delitos leves, 1 sumario y 1 jurado. El resto de asuntos se llevaron por diligencias previas o procedimiento abreviado -los procedimientos de instrucción más habituales-.

Si se analizan los tipos delictivos en los que se encuadran las denuncias presentadas, la mayoría (248) responden a acciones tipificadas en el artículo 153 del Código Penal, esto es, el delito que castiga una conducta que no da lugar a lesión o sólo requiere una primera asistencia médica, cuya condena oscila entre los seis meses y el año de prisión.

Otros 63 delitos correspondieron al tipo del artículo 173, que condena aquella actitud persistente que genera un clima de pánico en el entorno familiar. Este delito está penado con una condena de entre seis meses y tres años de cárcel.

Además, en 2 ocasiones se tramitó procedimiento que responde al maltrato del artículo 148 y siguientes del Código Penal, preceptos que se refieren a una lesión que requiere una primera asistencia y un tratamiento médico posterior, y cuya pena va de los seis meses a los cinco años de cárcel.

También se iniciaron 167 asuntos por quebrantamiento de pena, 49 por quebrantamiento de medidas cautelares, 61 por delito contra la libertad, 30 por delito contra la integridad moral, 5 contra la libertad e indemnidad sexual y 2 contra la intimidad y la propia imagen.