La ONU pone fin oficialmente a su fin misión en Malí tras una década de despliegue en el país

La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) ha llegado este lunes oficialmente a su fin tras diez años de despliegue en el país, que se encuentra sumido en una grave crisis.

La salida de los efectivos sigue dándose una semana después de que la misión completara la retirada de sus tropas y su personal en Sevaré, en la región de Mopti, poniendo fin así a su presencia en las regiones centrales del país africano.

En este sentido, la MINUSMA ha realizado una ceremonia en Bamako, la capital, donde se encuentra un millar de efectivos que ahora proceden a la retirada. La base ha quedado completamente clausurada, según informaciones del portal de noticias maliense a Bamako.

La misión ya afirmó el viernes pasado que todo el personal restante de la MINUSMA abandonaría el país africano antes de que finalizase el mes de diciembre. A partir del 1 de enero de 2024, por otra parte, se iniciará la fase de liquidación.

La salida definitiva de la misión pone fin a un compromiso que se remonta a 2013 ante el aumento de la violencia en Malí, que se ha extendido a países como Burkina Faso y Níger, entre otros, donde millones de personas han tenido que desplazarse.

La MINUSMA ha registrado 180 muertos entre sus propios miembros, lo que la convierte en la misión de paz de la ONU más afectada por los enfrentamientos en los últimos años. En total, se estima que unos 15.000 soldados y policías de múltiples países estaban desplegados en el país como parte del contingente.

A pesar de ello, la misión ha sido objeto de numerosas críticas por parte de la sociedad y los líderes malienses, que han acusado a la ONU de ser incapaz de frenar la crisis.

Así, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el pasado 30 de junio, y a petición de las autoridades de Malí, la retirada de la misión. Las relaciones de Malí con la MINUSMA se vieron afectadas por un informe de la ONU sobre la matanza de más de 500 personas en marzo de 2022 en la ciudad de Moura (centro), en el que se apuntaba al Ejército como principal responsable.

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