Las personas con discapacidad reclaman una Cantabria «más inclusiva» e inversión pública «adecuada»

El Gobierno aumentará en 2024 de un 50 a un 75% la reserva de plaza y la aportación económica para costes a los centros

El CERMI, que representa al sector de la discapacidad, ha reclamado a los políticos que «aúnen fuerzas y capacidades y construyan» una Cantabria «más inclusiva e igualitaria para las personas con discapacidad», con una inversión pública «adecuada» y que crezca «de forma sostenida» para desarrollar políticas en esta dirección.

Así lo ha pedido la presidenta de CERMI Cantabria, Elisa Irureta, en el acto celebrado un año más en el Parlamento regional para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, quien, ante una nutrida representación política, ha insistido en reclamar un «presupuesto real, equilibrado y suficiente» para lograr el «íntegro cumplimiento» de la Ley de Cantabria de Garantía de los Derechos de este colectivo.

Ante esta reclamación general y otras más concretas que ha expuesto el CERMI, la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha prometido «gestión con presupuesto y resultados» y ha avanzado medidas para corregir los «desfases» actuales del sector de la discapacidad y poner fin a una situación «insostenible».

Ha anunciado que se va a modificar la Ley de Derechos y Servicios Sociales, a través de la ley de acompañamiento a los Presupuestos de 2024, para aumentar del 50 al 75% el precio por plaza concertada en caso de hospitalización o de vacaciones de los residentes, para ayudar a los centros a soportar este gasto.

Además, el Ejecutivo cántabro va a incrementar en 2024 las aportaciones económicas destinadas a cubrir los costes generales de los centros según la variación del IPC, y va a compensar los costes de personal derivados de la mejora de los convenios colectivos.

También en los Presupuestos de 2024 se va a aumentar en casi 5 millones la partida destinada a subvencionar el coste salarial de los trabajadores de los centros especiales de empleo, que pasará de 9,6 a 14,4 millones de euros, es decir un 49%, «para incrementar el importe de la ayuda hasta el 65% en caso de discapacidad severa».

Otras de las medidas que entrarán en vigor el próximo año será el programa para fomentar la incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad, dotado con 600.000 euros, o la subida del 20% de las ayudas a la contratación indefinida.

Buruaga también ha confirmado la implantación de la figura del asistente personal para las personas con discapacidad y el diseño de una estrategia de accesibilidad universal.

También ha valorado los pasos que se están dando para la incorporación del acceso igualitario a la Administración de Justicia dentro del Pacto para la Justicia.

«Este es el camino iniciado en los primeros meses de esta nueva etapa: un paso de gigante fruto del esfuerzo de la sociedad de Cantabria y de la profunda convicción de su Gobierno», ha dicho la presidenta, que, pese a todo, ha reconocido que aún queda «mucho por hacer».

Desde el CERMI, se ha reconocido que en Cantabria se están impulsando políticas que mejoran las condiciones de vida y de ciudadanía de las personas con discapacidad, pero se ha quejado de que su despliegue «no se corresponde con los plazos que se recogen en las estrategias».

Entre sus reclamaciones concretas, figuran, entre otras, que «se priorice un política de accesibilidad universal» con campañas de sensibilización, prevención y formación; que se ponga en marcha el plan de acceso a la Justicia anunciado y también uno plan para la educación inclusiva.

Además, ha pedido incrementar hasta el 10% la cuota de la oferta pública de empleo y ha reclamado al empresariado «que dé un paso al frente» e incluya a las personas con discapacidad en sus empresas.

En relación a las plazas en centros que atienden a las personas con discapacidad, ha reclamado que las políticas de precios públicos vayan de acuerdo con la subida de la inflación, el incremento de salarios y en función de la intensidad de apoyos de las personas con discapacidad de forma que las entidades del sector «puedan afrontar dichos efectos de forma equilibrada y sostenible financieramente hablando».

Por otra parte, y aunque el CERMI ha valorado que se haya «reactivado» esta misma semana el Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad que, a su juicio, permitirá velar por la mejora y el cumplimiento de la ley autonómica en esta materia, ha pedido que se dé «la relevancia que tienen» al Consejo de Economía Social y al Consejo Económico y Social como órganos consultivos que permitan aplicar políticas adecuadas en beneficio del sector.

También ha reclamado que la Comisión de Discapacidad del Parlamento, que aún no se ha constituido en esta legislatura, tenga la consideración de permanente y legislativa porque «el carácter no permanente que ha tenido hasta ahora ha producido pocos avances».

En el acto, también ha intervenido la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, quien ha asegurado que la Cámara tiene «la mejor predisposición» de trabajar con el CERMI y con sus colectivos para mejorar «en todo lo posible» la vida de las personas con discapacidad –o con capacidades distintas– y de sus familias.

Al acto han asistido varios consejeros del Gobierno; la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; representantes de los grupos políticos y miembros de las entidades asociadas a CERMI Cantabria.

Durante el acto, personas con discapacidad han tomado la palabra para reivindicar las capacidades que tienen y lo que pueden si tienen apoyo y han exhibido una gran pancarta con la frase Todas las personas tenemos capacidades .