Juan Carlos Estévez (CGPE): «Dar más poder ejecutivo a los procuradores agilizaría notoriamente la Justicia»

El presidente del Consejo General de los Procuradores de España (CGPE), Juan Carlos Estévez, ha solicitado otorgar más poder ejecutivo a los procuradores, asegurando que esta medida es clave para agilizar significativamente el sistema judicial en España.

Así lo ha manifestado en una entrevista a Europa Press con motivo del XV Congreso Nacional de la Procura, celebrado el pasado fin de semana en Granada, donde expertos debatieron sobre el presente y el futuro de la profesión y fijaron una hoja de ruta con los retos para los próximos cuatro años.

Dentro de las conclusiones del mismo destaca la demanda del sector para una reforma en las leyes procesales, enfocada en otorgar mayor protagonismo a los procuradores, especialmente en la ejecución de sentencias, argumentando que tendría un impacto directo en la satisfacción del ciudadano como consumidor de Justicia, según ha explicado Estévez.

Para el representante de los procuradores, la perfección de la Justicia se logra mediante la ejecución de la sentencia. Sin embargo, ha señalado que, en España, la ejecución «no funciona bien» en comparación con otros países europeos que cuentan con la figura del agente de ejecución.

En este sentido, ha defendido que la procura es la profesión adecuada y llamada a desempeñar esta función en el contexto español y ha concluido en la necesidad de una reforma. «El sistema actual está ya caduco y obsoleto, es un sistema nacido en el siglo XIX, que se ha ido parcheando, pero llega un momento en que hay necesidad de hacer un diseño más actual», ha defendido.

En esta línea, ha señalado que para atajar la falta de agilidad no basta con crear más juzgados: «En Madrid hay más de 100 juzgados y, si pasáramos a 200, seguiríamos atascados, o sea, no es la fórmula para solucionar el problema».

PIDE AL GOBIERNO QUE ESCUCHE Y DIALOGUE CON LOS PROCURADORES

Respecto al momento actual, con la formación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez en el que Félix Bolaños es el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y tras las huelgas de los últimos en el sector judicial, Estévez confía en que se reanude de nuevo la actividad legislativa, administrativa y judicial, con especial interés en abordar los temas pendientes.

En este contexto, ha hecho un llamamiento al nuevo ministro para que mantenga la «lealtad institucional, diálogo y sensibilidad con los problemas de los profesionales de la Justicia».

Esta solicitud surge en medio de las negociaciones de los procuradores con el Ministerio sobre su participación en la Justicia gratuita y su objetivo de mejorar sus condiciones laborales, motivo de múltiples huelgas en los últimos meses.

Para Estévez es «llamativo» que no haya un criterio unificado respecto a las cantidades que se abonan a abogados y procuradores de oficio y que lo que perciben varíe considerablemente de una comunidad autónoma a otra.

Además, destaca que el Ministerio de Justicia «es quien peor paga», por lo que los abogados y procuradores de las comunidades que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia perciben «unas cantidades muy inferiores» a sus compañeros de otros territorios.

Aunque el anterior Ministerio anunció que incrementaría en un 5% la remuneración de abogados y procuradores por el servicio de asistencia jurídica gratuita, a Estévez le parece una subida «ridícula». Por ello, espera que Bolaños atienda las alegaciones presentadas por la otra parte y «lo solucione».

NECESIDAD DE ACTUALIZAR LOS ARANCELES

En cuanto a los aranceles, ha señalado como positivo el cambio legislativo llevado a cabo con la Ley 15/2021 para sustituir el modelo vigente, que pivota sobre la existencia de aranceles mínimos obligatorios, por un sistema de aranceles máximos.

Sin embargo, ha lamentado que todavía esté pendiente la modificación y actualización de los aranceles, ya que aún no está vigente el real decreto aprobado por el Gobierno. Esta norma fija una cuantía máxima de 75.000 euros para los derechos devengados por un procurador en un mismo asunto y establece que el sistema arancelario de la procura no podrá fijar un límite máximo.

Estévez espera que, una vez que el Consejo de Estado dé su visto bueno, el ministro de Justicia «dé trámite urgente» a este real decreto. A su juicio, la situación actual es «angustiosa» porque «entre tanta huelga y que los procuradores están cobrando cantidades muchas veces irrisorias, la vida de un procurador, sobre todo la de los más humildes, se hace francamente dificultosa y a veces imposible».

También ha demandado retomar las tres leyes de eficiencia procesal que se quedaron pendientes de aprobación en la anterior legislatura al convocarse elecciones. Estas leyes tienen como finalidad agilizar la actividad de la Justicia en términos estructurales, facilitar la cohesión social y contribuir a la sostenibilidad del sistema.

EFICIENCIA Y HUMANIDAD EN LOS PROCESOS

En sintonía con el objetivo de agilizar aún más el funcionamiento del sistema judicial español, Estévez ha abogado por aplicar la inteligencia artificial, entendida como una herramienta y no un fin, para facilitar la labor de los profesionales y beneficiar a los ciudadanos y a las personas que intervienen en la Justicia.

En su opinión, esta herramienta sería útil tanto en la gestión de los despachos como en las relaciones de transmisión de datos con los juzgados y tribunales. También en todo lo relacionado con el aspecto público de la profesión: colegios de procuradores, consejos autonómicos y Consejo General de los Procuradores de España.

Por otro lado, ha defendido una mayor participación de los procuradores en la labor asistencial y de representación en favor de las víctimas de violencia machista, doméstica y de género, así como las víctimas vulnerables, abogando por cambios legislativos más «humanos» para facilitar esa asistencia desde el primer momento, un modelo que ya está en marcha en algunas comunidades.

«Siempre hemos defendido la presencia de la figura del procurador, que somos los que manejamos los juzgados y tribunales, para que acompañen a las víctimas o las sustituyan en ese peregrinaje judicial» y, así, «evitar mucho de ese sufrimiento», ha explicado.