El PP recusa al secretario general del Congreso por cercanía al Gobierno para que no informe de la Ley de Amnistía
Recuerda que fue subsecretario de Política Territorial y su esposa, alto cargo en Moncloa, y avisa de posible falta disciplinaria
El PP ha recusado al secretario general Congreso, Fernando Galindo, para que no pueda emitir informe ni asesorar a la Cámara durante la tramitación de la proposición de ley de amnistía que este martes será analizada por la Mesa del Congreso. A su juicio, Galindo carece de «imparcialidad y objetividad» para informar sobre esa iniciativa por haber sido hasta hace unas semanas subdirector en el Ministerio de Política Territorial y por haber ejercido su esposa hasta las mismas fechas como directora general del Relaciones con las Cortes en Moncloa.
Como letrado mayor del Congreso, Galindo podría firmar la nota o el informe que redacten los servicios jurídicos sobre la proposición de ley registrada la semana por el PSOE, un documento que se pondrá a disposición de la Mesa de la Cámara para que lo tenga en cuenta antes de decidir sobre la calificación de la iniciativa, pero que no tiene carácter vinculante.
En su escrito de recusación el PP detalla que Galindo fue, primero, director general de Cooperación Autonómica y Local y luego subsecretario del Ministerio de Política Territorial, cargo que ocupó hasta el pasado el 31 de octubre, dos días antes de ser nombrado secretario general del Congreso.
PODÍA CONOCER EL TEXTO CON ANTERIORIDAD
Aunque la Ley de Amnistía se ha registrado como proposición de ley del Grupo Socialista y no como proyecto de ley, el PP recuerda que fue presentado en rueda de prensa por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, e interpreta que el texto fue «elaborado y redactado» por el Gobierno, «o por lo menos, que el Ejecutivo ha tenido pleno conocimiento del mismo».
Por eso, el primer partido de la oposición considera que «es más que probable» que Galindo «sea conocedor del texto que se ha registrado en el Congreso o de alguno de sus borradores previos; por lo que queda inhabilitado para emitir un informe en relación con el mismo».
Además, apuntan que el secretario general del Congreso está casado con Mercedes Cabrera, quien hasta el pasado 30 de diciembre ejercía como directora general de Relaciones con las Cortes, número dos en la Secretaría de Estado que ocupa Rafael Simancas, otro de los negociadores socialistas.
«Todas estas circunstancias, según las leyes del Régimen Jurídico del Sector Público, la de Altos Cargos y el Estatuto del Personal de las Cortes, deberían llevarle a su abstención en la causa por ser contrarias a los principios de objetividad e imparcialidad de los empleados públicos recogidos en la Constitución», esgrime el PP.
FALTA GRAVE Y SEPARACIÓN DEL PUESTO
El PP considera que, según la Ley de Altos Cargos, al no abstenerse en sus labores de asesoría para la calificación de esta iniciativa, Galindo podría incurrir en una «falta disciplinaria muy grave» que lleva aparejada «la sanción de separación, suspensión o traslado forzoso del puesto».
Y es que los populares mantienen que, como la ley de amnistía «responde únicamente al pago» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los independentistas para seguir en el cargo, ese asesoramiento técnico del secretario general «será determinante para sus propios intereses y del Ejecutivo».
Además, el PP recuerda en su escrito que Carlos Gutiérrez Vicen, antecesor de Galindo en la Secretaría General del Congreso, emitió un informe contrario a la calificación, por inconstitucional, de la proposición de ley de amnistía registrada por ERC en 2021.
