El Defensor del Profesor atendió 13 casos de acoso a docentes en Cantabria el pasado curso

El Defensor del Profesor ANPE ha atendido 13 casos de acoso a docentes en Cantabria el pasado curso 2022-2023, los mismos que el año anterior, lo que para el sindicato supone una «preocupante estabilización» que indica que las situaciones de conflictividad están «lejos de erradicarse» en los centros escolares de la región.

Entre ellos se encuentra el caso «más grave» que se ha detectado hasta el momento, el de una familia «conflictiva», donde la madre primero y meses después el padre, ambos «con antecedentes», de un alumno de Primaria que han amenazado de muerte a un profesor por «reprender» a su hijo el pasado mes de junio.

El niño presenta un comportamiento «disruptivo» y sigue en el mismo centro; el docente, que ha tenido que coger la baja médica, denunció los hechos a la Policía, y la Administración educativa «ha desaparecido» del caso, pues ni el equipo directivo del colegio ni la Inspección –que acudirá mañana al centro– activaron el protocolo.

En este sentido, también destacan los seis casos relacionados con el entorno laboral y/o administración, detrás de los que en muchas ocasiones está la «burocracia» derivada de aplicación de la nueva ley de educación, la LOMLOE. Y es que, según el sindicato, «el problema más grave» es el aumento de los casos relacionados con problemas entre la Administración y los docentes por falta de formación y gestión de liderazgo.

La presidenta de ANPE, Rus Trueba; el vicepresidente del sindicato, Federico de los Ríos; y la defensora del Profesor, Blanca Rivero, han presentado este jueves el informe en una rueda de prensa en la que considerado «prioritario» el establecimiento de unas normas «claras» que regulen la convivencia escolar.

Según han indicado, desde que ANPE puso en marcha este servicio exclusivo del sindicato, gratuito y confidencial, en 2005, ha atendido a 109 docentes, si bien han subrayado que los casos que llegan son «solo una muestra» del total existente.

Igualmente han subrayado que Cantabria tiene un índice de conflictividad «bajo» –la comunidad tiene más de 6.000 docentes– y los casos no son de alta intensidad, ni hay problemas graves de convivencia en comparación con los datos estatales.

Así, el pasado curso se atendieron 13 casos, todos en la escuela pública –que es el ámbito de ANPE–, diez de ellos en el primer trimestre, lo que han atribuido a la implantación de la LOMLOE. Del total, tres han necesitado una atención continua durante todo el curso, y tres han causado baja de larga duración, con profesores afectados por problemas psicológicos y emocionales.

Otros once profesores han sufrido ansiedad y/o depresión y de los 13, cuatro casos han sido atendidos por el servicio jurídico de ANPE.

Un caso se produjo en Educación Infantil; tres en Primaria; seis en Secundaria; y tres en Formación Profesional.

Los correspondientes a alumnado son cinco –incluido un alumno de FP que salió enfadado del aula y «rompió algo»–; a familias tres, y los seis restantes son los citados sobre entorno laboral o administración.

Entre todos destacan la presión para modificar las notas e informes, problemas para dar clase, y las faltas de respeto y amenazas por parte de alumnos y familias.

Ante esta situación, ANPE ha solicitado que se forme, se regulen las funciones y el perfil profesional más adecuado para atender y resolver las necesidades de los centros, y ha reiterado su petición de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar a nivel nacional.

En relación a Cantabria, que cuenta con la Unidad técnica de mediación en el ámbito docente , el sindicato ha reclamado una modificación del decreto que regula los planes de convivencia de los centros de modo que la Administración actúe de oficio para poder atender casos como el «extremadamente grave» del citado del profesor amenazado de muerte, que ha tenido que contratar un abogado.

«No se puede mirar más para otro lado» porque «los protocolos no han funcionado», ha denunciado Trueba, para quien, antes casos de amenazas o faltas de respeto, el docente tiene que saber que la Consejería «está detrás asesorándole» y apoyándole.

Además, el sindicato pide que se revise la calificación de los centros d difícil desempeño para tener en cuenta «el contexto social», ya que actualmente solo comprende los rurales con baja densidad de población y en riesgo de despoblamiento.

«Las actuales exigencias sociales que cada vez está sosteniendo más la escuela pública están siendo cargadas a las espaldas de los docentes», han denunciado, reclamando en este sentido una «urgente» bajada de las ratios, la desburocratización y la reducción de horario y carga lectiva.