El SUP anuncia querella por malversación y prevaricación en caso de concederse escolta a Puigdemont en Bélgica
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado este miércoles que se querellará por delitos de malversación y prevaricación administrativa contra quien autorice la protección de escolta en Bélgica al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, ya que sigue siendo «un prófugo mientras la ley de amnistía no entre en vigor».
Fuentes del SUP han señalado que el sindicato de la Policía Nacional tiene preparada la querella porque supondría un «desvío de dinero público injustificable». Por tanto, el responsable que dicte a sabiendas de su injusticia dicha resolución favorable será denunciado ante los tribunales, ya sea la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior u otra Administración.
El sindicato de la Policía ha mostrado de esta forma su rechazado a la pretensión de contar de forma inmediata con escolta de Puigdemont, al que recuerda su huida a Bélgica en 2017 y que es un «prófugo mientras la ley de amnistía no entre en vigor».
«Mientras la ley de amnistía no entre en vigor, Puigdemont es un prófugo que se ha sustraído de la acción de la justicia y sobre el que pesa una orden de búsqueda y detención», ha sostenido el SUP.
VÍCTIMAS DE ETA FRENTE A QUIEN BUSCA HUMILLAR AL ESTADO
El sindicato ha recordado a víctimas mortales de la banda terrorista ETA como Isaías Carrasco o Miguel Ángel Blanco, puesto que fueron «asesinados sin proporcionales una escolta policial». Por este motivo, el SUP ha mostrado su negativa a ofrecerle la escolta a «aquel que busca como único fin humillar y someter a las instituciones del Estado».
La Generalitat se ha mostrado a favor de dar esta protección y el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha reclamado actuar «con la máxima urgencia» mediante una carta remitida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Previamente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, había dicho que sería estudiada por el Ministerio del Interior.
Este mismo miércoles, fuentes del departamento que dirige en funciones Grande-Marlaska han señalado que se había dado traslado a la Abogacía del Estado «antes de realizar ningún trámite ni valoración». En 2018, este mismo Ministerio se negó a que Puigdemont tuviera escolta remitiéndose –previa consulta a la Abogacía– a la orden nacional de detención en vigor contra el líder de Junts.
Desde el Ministerio del Interior también se ha explicado que es la Generalitat quien tiene que decidir sobre si concede escolta de los Mossos d Esquadra, aunque recordando que la legislación limita a priori este tipo de protección fuera de España y que, en el caso de Bélgica, tiene que ser este país el que autorice la presencia de policías provistos con armas reglamentarias.
Según explica en su carta el conseller Elena, cualquier expresidente «precisa de un servicio de protección adecuado y dimensionado», por lo que ha reclamado que también se hagan los trámites oportunos entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y las autoridades belgas para trasladar las armas reglamentarias que utilizarán los agentes para prestar el servicio.
NEGATIVAS PRECEDENTES DEL GOBIERNO
La Consellería de Interior ha recordado las negativas del Gobierno ante las peticiones de diferentes titulares: Miquel Buch, Miquel Sàmper y también el propio Elena.
En 2018, el Ministerio del Interior no autorizó el envío de una escolta de los Mossos para proteger a Puigdemont. Como ahora, lo hizo tras tener conocimiento de un informe de la Abogacía del Estado, según precisaron entonces fuentes de Interior. Los servicios jurídicos alegaron la pérdida de condición de autoridad pública y la existencia de un proceso judicial contra él con una orden de detención interpuesta sobre su persona en territorio español.
El servicio de escolta a Puigdemont ha generado desde su huida de España en 2017 para evitar la acción de la Justicia diferentes polémicas. La Audiencia de Barcelona condenó al exconseller de Interior catalán Miquel Buch a cuatro años y medio de cárcel por designar al mosso d esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara al expresidente.
CAMBIO RELEVANTE DEL GOBIERNO
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, adelantó este martes que Puigdemont contaría con escolta, después de que el expresidente desde Bélgica reclamara el servicio con urgencia.
Un día antes, el propio Bolaños registró en el Congreso la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas: la norma permitió desbloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y, una vez aprobada, también facilitaría el regreso de Puigdemont a España.
El conseller de Interior catalán ha explicado que «esta vez sí, el Gobierno tramitará la petición de protección por parte de los Mossos d Esquadra al president Puigdemont». «Esto supone un cambio relevante respecto a la posición mantenida en los últimos años. En este sentido, solicitamos nuevamente y, con carácter de urgencia, dicho servicio en Bélgica», ciudad donde reside Puigdemont.
