El PP sospecha que Laura Borràs se podrá beneficiar de la Ley de Amnistía y que se recogerán casos de lawfare

Sostiene que es una norma a medida de Puigdemont que otorga al expresident más protección que al jefe del Estado

El PP cree que la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE en el Congreso abre la puerta a recoger el lawfare –la utilización de la justicia para perseguir causas políticas–, y sospecha que hasta la presidenta de Junts, Laura Borràs, acabará beneficiándose de la norma, aunque esté condenada por un caso de corrupción. Según fuentes de Genova , el texto está hecho a la medida de Junts y del expresidente catalán Carles Puigdemont, que en su opinión tendrá mayor protección jurídica que el propio Rey.

Borràs fue condenada el pasado mes de marzo a cuatro años de prisión y a 13 de inhabilitación por haber fraccionado contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que asignó a dedo a un amigo suyo. En opinión de los populares, en Junts cuentan con que Borràs podrá beneficiarse de la amnistía, una tesis que ven factible en Génova .

Pero además, también ven como posible beneficiario al exconseller de Interior Miquel Buch, sobre quien pesa una pena de cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por un delito de malversación y otro de prevaricación por fichar de asesor al sargento de los Mossos d Esquadra Lluís Escolà para que siguiera escoltando a Puigdemont en Bélgica tras su huida de España en octubre del 2017.

CAUSAS POLÍTICAS

Asimismo, desde el PP mantienen que la proposición de ley de amnistía sí incluye, aunque implícitamente, el concepto de lawfare que se cita expresamente en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts, y que ha soliviantado al ámbito judicial.

Según esta lectura, ese concepto está presente en el artículo primero de la futura ley, que contempla como amnistiables las «actuaciones desarrolladas, a título personal o institucional, con el fin de divulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares o lograr que otras entidades públicas o privadas prestaran su apoyo a la consecución de la independencia de Cataluña».

Y, con esa redacción, el PP entiende que se abre la puerta a defender la existencia del lawfare con el argumento de que ha habido jueces que han perseguido a personas por motivos supuestamente políticos.

EXONERADO DEL OBLIGADO SOMETIMIENTO A LA LEY

Además, en Génova mantienen que esta proposición está hecha a la medida de Puigdemont y que, cuando se apruebe, el expresidente catalán gozará de mayor protección jurídica que el jefe del Estado. Y es que, según su lectura, el líder de Junts quedará exonerado de la obligación de sometimiento a la ley que pesa sobre el resto de los españoles.

En el PP se refieren a que la proposición de ley deja claro que los efectos de la aplicación de la norma en el caso de Puigdemont no quedarán suspendidos ni siquiera con la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Supremo.

Con el marco vigente, si el Supremo planteara una cuestión de inconstitucionalidad, la ley de amnistía no quedaría suspendida con carácter general, pero sí se paralizaría su aplicación en los casos concretos para los que se presenten dichas cuestiones hasta que el TC resolviera sobre el fondo del asunto.

ULTRAACTIVIDAD DE LA LEY PENAL

En este contexto, el PP interpreta que la nueva ley permitiría eludir la suspensión automática su la aplicación al caso concreto que provocan las cuestiones de inconstitucionalidad.

Por otra parte, según los populares la futura norma puede convertirse en la primera que contemple la denominada «ultraactividad de la ley penal», puesto que permitirá amnistiar conductas futuras que tengan su base en los hechos ocurridos durante el procés que se perdonan con esta iniciativa, como una nueva declaración de independencia si se vincula con la de 2017.