El Gobierno espera concertar más de 300 nuevas plazas de residencia en Santander y Torrelavega

De las 430 nuevas que se habilitarán a través de cinco proyectos aprobados y en ejecución en la actualidad

El Gobierno de Cantabria espera poder concertar más de 300 plazas de residencia de las 430 nuevas que se habilitarán en Santander y Torrelavega, a través de cinco proyectos aprobados y en ejecución en la actualidad, y que ampliarán la oferta disponible en las dos áreas más demandadas de la región por la libre solicitud de centro.

Los tres proyectados que están más avanzados se levantan en la zona de Canalejas de la capital, con 87 plazas, a las que se sumarán 98 más en Solares (Medio Cudeyo) y 120 en otra residencia en Marina de Cudeyo, según datos facilitados este viernes por la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, en el Parlamento, durante la presentación de las cuentas de su departamento para el próximo año.

En su comparecencia en comisión parlamentaria, la también titular de Juventud, Familia e Igualdad ha apuntado que es ampliable la partida destinada a garantizar el compromiso de libertad de centro por parte de personas mayores y dependientes recuperado por el nuevo Ejecutivo. Es algo «absolutamente necesario», ha dicho la consejera, que ha negado que se vayan a «vaciar» las residencias de zonas periféricas o a poner «en peligro» puestos de trabajo, como han apuntado desde la oposición.

La diputada más crítica con esta medida de la Consejería -que en total manejará el próximo ejercicio 297,6 millones de euros, un 3,8% más- ha sido la socialista Eugenia Gómez de Diego, que fue responsable de Empleo y Políticas Sociales en el último año de la pasada legislatura, y que ha tachado de «error» la medida sobre la libre elección de centros residenciales.

A su juicio, supone una «vuelta atrás», con la que se va a «beneficiar a las clases más pudientes» -y a los centros de Santander y Torrelavega, en detrimento de los radicados en los pueblos-. También ha augurado que van a subir los precios de las plazas al tiempo que van a crecer las listas de espera.

Por su parte, la parlamentaria regionalista Rosa Díaz ha valorado la decisión, pero también ha pedido que con esta política «se abarque a todo tipo de rentas, no solo a las más pudientes». Y en todo caso, cree «insuficiente» la partida inicialmente prevista para centros concertados, dotada con 5 millones, pues «se los llevan los gastos de personal», por lo que ha reclamado que se incremente.

Pero la consejera ha defendido tanto en su primera intervención como en el posterior turno de réplica a los grupos la importancia de la libre elección de centro residencial que se introduce con este presupuesto para mejorar el conocimiento del número real de personas que están a la espera de una plaza, pero, sobre todo, para facilitarles la posibilidad de vivir en el lugar más cercano de su núcleo habitual y familiar.

La libre elección de centro residencial comenzó a aplicarse enoctubre, así como la prestación vinculada al servicio, que ayuda a sufragar el coste de una plaza residencial, de forma provisional, para aquellas personas que no han obtenido una plaza concertada en la residencia de su elección, hasta que consigan la misma.

Por eso, la partida presupuestaria que soporta estos gastos se incrementa a los 223 millones, casi un 7% más. Entre las novedades en este ámbito, se crea una específica de 100.000 euros paramedidas de apoyo directo a cuidadoras de personas dependientes.

En este capítulo destaca también el programa para la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia, que crece hasta los 175,64 millones, un 4,7% más, y que supone en torno al 65% del presupuesto del ICASS, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, que a su vez acapara el 95% de las cuentas de la Consejería, hasta alcanzar los 271,4 millones.

Desde el PSOE consideran «insuficiente» el aumento del presupuesto de este departamento, y también han mostrado su preocupación por los cambios legales para acceder a la condición de familia numerosa por parte de aquellas parejas de hecho que se inscriban en el registro.

Pero Gómez del Río ha defendido las modificaciones previstas para garantizar derechos, en vez de «privar» de los mismos, a estas últimas, y a su entender lo contrario sería «buscar una traba» a quienes no optan por un vínculo conyugal.

El Grupo Regionalista ha propuesto la creación de un observatorio cántabro de la pobreza -que la consejera se ha comprometido a estudiar-, se ha mostrado de acuerdo con la política para combatir la soledad no deseada, y ha valorado, en el área de juventud, las inversiones previstas para mejorar los albergues de la región.

Por su parte, Vox ha criticado que los presupuestos del PP sean «prácticamente calcados» a los del anterior Ejecutivo, por lo que el diputado Armando Blanco ha afeado a los populares el que no se separen, ha dicho, de los «postulados» del líder socialista y exvicepresidente autonómico, Pablo Zuloaga.

Este parlamentario ha expresado que en su grupo «echan de menos» un apoyo «real» a las familias, al fomento de la natalidad, a la igualdad, a la protección de la violencia intrafamiliar o la transparencia, y en cambio «echan de más» ayudas a los sindicatos mayoritarios con las que el Gobierno «compra» la paz social o partidas a cooperación al desarrollo, ya que si bien son «legítimas», mientras haya cántabros que precisen ayuda, el dinero ha de destinarse a los ciudadanos de la región.

INICIO DEL CAMBIO

En términos generales, la consejera ha destacado que Cantabria centrará los mayores incrementos presupuestarios en el ámbito de las políticas sociales, que contarán con cerca del 4% más de presupuesto, hasta alcanzar los 297,6 millones, destinados «a la inversión en la vida de las personas».

Ha subrayado que las cuentas de su departamento para 2024 son las terceras más altas después de Salud y Educación, y ha defendido que el proyecto económico de la Consejería que dirige responde a la prioridad fijada por el Gobierno cántabro de dar respuesta a las necesidades de la población más vulnerable.

«Son unos presupuestos con marcado acento social para mejorar la vida de las personas», ha subrayado la consejera, para quien las primeras cuentas de su departamento en la presente legislatura son las del «inicio del cambio», con inversiones novedosas en todas las áreas, como el programa de competencias digitales, el de apoyo integral a las familias, el programa de personas sin hogar, un estudio sobre la natalidad, junto a otras iniciativas de capacitación del voluntariado.

Además, en su intervención en la Cámara, que ha cerrado la ronda de comparecencias de los miembros del Consejo de Gobierno en la Comisión de Economía, ha abogado por la ejecución de los programas previstos en los presentes presupuestos, dado que algunos de ellos -ha indicado- no se llegaron a ejecutar en las anteriores cuentas o no se alcanzó ni el cincuenta por ciento. Ha puesto de ejemplo la partida del Pacto de Estado para la Violencia de Género, cuya inversión no se había llegado a ejecutar.

De programas, líneas y planes concretos, ha subrayado el concertado de Servicios Sociales de Atención Primaria, «la primera puerta de acceso a los servicios sociales», que crece un 6,12%, para prestar servicios como los de la asistencia domiciliaria (8,4millones); sociales (2,8 millones); personal (5,6 millones), el fondo de suministros básicos (2 millones), y teleasistencia (531.200 euros).

También ha destacado la Renta Social Básica, que contará con presupuesto de 15 millones de euros, con el fin de garantizar las necesidades de las personas que no pueden acogerse al ingreso mínimo vital, sufragado por el Estado.

En 2024, la Consejería mantendrá igualmente la prestación temporal complementaria de la RSB que finalizaba este año y que supone un incremento del 15% en la cuantía mensual reconocida a las personas beneficiarias.