Guardias civiles denuncian su expulsión de Euskadi tras el acuerdo sobre competencias de Ertzaintza en puertos y Seprona

El acuerdo refuerza el papel del cuerpo autonómico como policía integral con nuevas materias e impulsa su presencia en foros internacionales

BILBAO/

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado la «expulsión» del Instituto Armado del País Vasco por el acuerdo de investidura firmado entre PSOE y PNV en el que se recoge la cesión de más competencias a la Ertzaintza en materia de puertos y delitos ambientales que hasta ahora investiga el Seprona. También se menciona el acceso a bases de datos policiales, sobre ciberseguridad o la incorporación de la policía vasca a la mesa de valoración de la amenaza terrorista.

El acuerdo suscrito este viernes recoge que la Ertzaintza pasará a tener en el Puerto de Bilbao la responsabilidad en los planes de apoyo operativos en infraestructuras críticas, incluida su zona restringida, tal como establece el pacto suscrito entre el PSOE y el PNV para investir a Pedro Sánchez como presidente y dar estabilidad al Gobierno.

Este acuerdo refuerza, además, a la Ertzaintza «como Policía integral» e impulsa su presencia en foros estatales e internacionales, además de facilitar su acceso a información en materia de delincuencia, también de terrorismo, crimen organizado o ciberdelincuencia.

«DESPROPÓSITO» COMO EN CATALUÑA

En un comunicado, AUGC ha reaccionado denunciando el «despropósito» que supone el acuerdo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que supone la «expulsión» de la Guardia Civil y que lleva implícito el «desmantelamiento de la seguridad pública en el País Vasco y de los guardias civiles en este territorio».

En concreto, AUGC censura lo pactado sobre el Puerto de Bilbao o que se dé acceso a la Ertzaintza al sistema Secureport, un programa informático usada para los oficiales de protección de infraestructuras portuarias o que la policía vasca «tome posesión en materia de ciberseguridad en colaboración con el Ministerio del Interior», con acceso a las bases de datos Sirene, Interpol y Europol.

«El plan ya empezó en Cataluña con el aumento de la plantilla de los Mossos d Esquadra mientras se niega el reconocimiento de Zona de Especial Singularidad, entregando inmuebles de titularidad del Estado», denuncia sobre el acuerdo con ERC y Junts que, según AUGC, «ahora se extiende al País Vasco».

AUGC califica de «inaceptable» el trato discriminatorio a guardias civiles y policías nacionales. «Nos sentimos utilizados como moneda de cambio debido a la continúa intención de restar competencias», ha terciado.

DOMINIO MARÍTIMO TERRESTRE ESTATAL

El acuerdo PSOE-PNV establece que corresponde a la Ertzaintza, en el marco de sus competencias como Policía integral para la protección de las personas, bienes y el mantenimiento del orden público dentro del territorio del País Vasco, incluyendo los bienes de dominio público marítimo terrestre estatal (excepto el mar territorial y sus islotes), y los puertos, sus instalaciones y aguas de sus zonas de servicio (tanto los de interés general como los autonómicos), sin perjuicio de las funciones que Estatuto reserva para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCSE).

De esta forma, plantea que la Ertzaintza asumirá como Policía integral «la responsabilidad policial de los planes de apoyo operativos a las infraestructuras críticas en el Puerto de Bilbao, incluido el mismo puerto y su zona restringida».

También se realizarán las modificaciones normativas precisas para que la Ertzaintza forme parte de los equipos de inspección portuaria previstos en la Orden PCI/1188/2018, de 15 de noviembre, y en los Comités Consultivos que en materia de protección portuaria se contemplan en el Real Decreto 1617/2007.

Para el desempeño de estas funciones y según las normas y criterios que se acuerden con Puertos del Estado, se dará acceso a la Ertzaintza al sistema Secureport.

El documento también prevé la modificación del artículo 18.f de la Ley de Puertos de Interés General y Marina Mercante, para añadir: «cuando proceda con los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas competentes para la protección de las personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana».

Además, contempla la reforma del Real Decreto 62/2008 de 25 de enero, por el que se aprobó el Reglamento de las condiciones de seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana en la mar aplicables a las concentraciones náuticas de carácter conmemorativo y pruebas náutico-deportivas, para que «la protección ciudadana y civil correspondan a la Ertzaintza».

El acuerdo supondrá, según el texto, la modificación del borrador de reglamento de explotación y policía de los puertos de interés general en su párrafo quinto de la Exposición de Motivos, de manera que se suprima la expresión «del Estado».

DELITOS DE MEDIO AMBIENTE

PNV y PSOE también acuerdan que corresponde a la Ertzaintza la investigación de delitos e ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente acontecidos en Euskadi, sin perjuicio de lo que, en relación con los hechos e ilícitos penales o administrativos que tengan una dimensión supra o extracomunitaria, corresponda a los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, cualquier información al respecto que tengan las Fuerzas de Seguridad del Estado deberá comunicarse a la Ertzaintza, que asumirá la titularidad de la investigación.

Jeltzales y socialistas se comprometen a implementar, en el plazo de tres meses, el acuerdo de la Junta de Seguridad para que desde la Ertzaintza puedan también volcar información en la base de datos gestionada desde el Ministerio del Interior sobre registros documentales e información respecto de personas físicas y jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos en su ámbito de actuación.

TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO

En materia de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado (CITCO), el pacto recoge que, en el plazo de tres meses, se implementarán los acuerdos de la Junta de Seguridad sobre la presencia de la Ertzaintza en la Mesa de Valoración de la Amenaza antiterrorista.

En cuanto a ciberseguridad, cibercrimen y ciberdelincuencia, en ese mismo plazo se implementarán los acuerdos en este mismo foro para formalizar la colaboración y traslado de información a la Ertzaintza desde la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior.

También se deben implementar los acuerdos de la Junta de Seguridad para el acceso de la Ertzaintza al Punto Único de Contacto (SPOC) que aglutina a Sirene, Interpol y Europol, y a los expedientes e información de estos.

También se impulsará el acceso de la Policía vasca a los Grupos de Trabajo, Plataformas de Expertos y proyectos de ámbito policial europeo y –en tanto no se materialice la participación de la persona titular del Departamento de Seguridad Pública del Gobierno Vasco en el Consejo JAI– al Grupo de Trabajo para establecer la posición española ante el Comité Permanente de Cooperación Operativa en Seguridad Interior (COSI) del Consejo de la UE y comunicación posterior de los acuerdos adoptados.