Colegio de Criminología de Madrid llama a defender Estado de Derecho y apoya a los jueces frente al acuerdo PSOE-Junts

Existe «riesgo real de deslegitimación» de la Constitución como base de la convivencia, lo que traerá «problemas de difícil solución» para España

La Junta de Gobierno del Colegio de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), reunida ayer en sesión ordinaria, ha acordado por mayoría de sus miembros la siguiente una declaración institucional en la que llama a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes, apoyando a los jueces y tribunales contra el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts para la investidura como presidente del Gobierno de España del candidato socialista, Pedro Sánchez.

La declaración se ve amparada por el preámbulo de los Estatutos de este Colegio en donde se considera la Criminología como la Ciencia Empírico-Social que tiene como objeto, entre otras, «las relaciones sociales conflictuales, así como las respuestas a las mismas que sean de carácter preventivo, paliativo o sancionador».

Por tanto, la Criminología se entiende como una ciencia al servicio de la sociedad y de la Justicia y ello sitúa al criminólogo «en condiciones de evaluar, proponer, intervenir, con método y profesionalidad, en las diversas realidades y niveles que conforman la transgresión social, el conflicto relacional y las diferentes formas para valorar, prevenir, evitar o paliar, comportamientos y consecuencias indeseables que afectan a la seguridad individual y colectiva».

Por otra parte, en el artículo 9.12 de los vigentes Estatutos del Colegio se indica como funciones básicas las de «promover una concepción de la comunidad científica criminológica al servicio de la paz y el progreso social que impulse un concepto activo de esta disciplina como instrumento solidario y democrático de acción y realización de los Derechos Humanos en toda su plenitud; así como cualquier otro fin que impulse la Criminología como instrumento útil de análisis y solución de problemas sociales».

Con base a lo anterior y en relación al acuerdo hecho público ayer jueves por el Partido Socialista Obrero Español y el partido Junts per Catalunya, el CPPCM manifiesta que «no se puede lograr la paz y el progreso social si no existe una clara separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), donde la principal norma de prevención y promoción de la convivencia es la Constitución Española de 1978, norma que orienta y guía la política de prevención del delito».

Y, por tanto, para este Colegio Profesional existe «un riesgo real de deslegitimación» de la Carta Magna como base y fundamento de la convivencia en nuestro país y que toda esta situación «conllevará una serie de problemas de difícil solución para la convivencia pacífica en España».

La institución colegial manifiesta igualmente que desde el respeto a la pluralidad política, la conformación de mayorías parlamentarias «ha de estar supeditada, siempre, al principio de legalidad constitucional» y que las concesiones económicas pactadas que se pretenden realizar «provocarán diferencias entre las regiones para invertir en políticas de prevención del delito, con el consiguiente deterioro de la convivencia pacífica».

El CPCM también destaca que la instrumentalización de la justicia con fines políticos «no tiene cabida en un Estado democrático, toda vez que la independencia judicial y la sumisión de los jueces a la Ley constituyen un presupuesto del Estado de Derecho que debe ser respetado por todos los actores públicos y privados que conforman el Estado que entre todos nos hemos dado».

Por las razones expuestas, el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid hace un llamamiento a la «responsabilidad» en defensa del Estado de Derecho y el «apoyo solidario» a los jueces y tribunales de este país cuya función, tal y como declara nuestra Constitución, «constituye en sí mismo un Poder que en ningún caso puede estar sometido a otro».