El consejero de Universidad trabajará para evitar la «competencia innecesaria» en titulaciones y transformarla en «colaboración»

CÓRDOBA, 29

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha aclarado este viernes en Córdoba, donde ha participado en el acto de apertura del curso 2023/24 de la Universidad de Córdoba (UCO), que las futuras universidades privadas tendrán «controles de calidad exhaustivos», como las públicas.

Así lo ha asegurado Gómez Villamandos, en declaraciones a los periodistas previas al citado acto y después de que el rector de la UCO, Manuel Torralbo, recordara al consejero que lo que «preocupa» a los rectores de las universidades públicas andaluzas es que se autoricen, sin el mismo estándar de calidad que se exige a las públicas, a dos nuevas universidades privadas en la comunidad, la Europea de Andalucía y la Alfonso X Mare Nostrum, ambas con implantación prevista en Málaga capital.

Ante esto y después de agradecer la Medalla de Oro de la Universidad de Córdoba, de la que se le ha hecho entrega este viernes, el consejero ha recordado que «la Ley de Reconocimiento de las Universidades Privadas no significa que mañana puedan abrir», pues es «ahora cuando empiezan los controles de calidad exhaustivos, y con los mismos criterios que para las universidades públicas, con lo cual vamos a tener asegurado que esas universidades, cuando se pongan en marcha, que no sabremos lo que tardarán, puesto que depende de su agilidad para presentarnos toda la documentación, pues evidentemente van a tener esos mismos criterios que tienen nuestras universidades públicas».

De hecho y dada «la experiencia en Córdoba», y también en Sevilla, que supone el funcionamiento de la Universidad Loyola Andalucía, desde el ámbito privado, al consejero no le preocupa «esa competencia», entre «universidad pública y universidad privada».

«COMPETENCIA INNECESARIA»

En cambio, a Gómez Villamandos, sí que le preocupan «más» la «competencia innecesaria» que se ha dado «entre las universidades públicas, sobre todo a la hora de poner titulaciones. Lo hemos vivido en Córdoba con el grado de Ingeniería Civil», pero «situaciones como esa», según ha asegurado, «con el nuevo Decreto de Ordenación de las Enseñanzas y la colaboración de los equipos de gobierno» de las universidades «no se van a repetir».

El consejero se ha expresado así después de que el rector de la UCO haya indicado que hay que afrontar «un reto con el decreto de titulaciones, para hacer colaboración con todas las universidades andaluzas, colaborar también los centros universitarios, superar la división de que un centro tenga una titulación y no pueda colaborar con otro centro para hacer titulaciones conjuntas» y hacer «eso entre los centros, y además también entre las universidades».

A este respecto y según ha argumentado Gómez Villamandos ha explicado que implantar «una titulación que atrae estudiantes y que un año, dos o tres después se pone en otra universidad y hace que esa primera universidad pues pierda esos alumnos que había traído en un principio, ahí es donde está realmente una competencia que tenemos que organizar y que no sea competencia, sino sobre todo colaboración».

Precisamente, según ha señalado, el referido decreto «va a permitir a nuestras universidades mejorar su oferta académica, hacerla mucho más competitiva, sabiendo que en el año 2010 no podían hacer ofertas de nuevos grados que no estuvieran en una lista que se acordó en aquel momento», y también «hemos aprobado un nuevo Decreto de Agentes, que el anterior era del año 2009, en el cual creamos una serie de nuevas figuras, como es el tema de las Unidades de Excelencia de la Investigación, e incorporamos a los clústeres de investigación, que tienen que ser un agente fundamental para dinamizar la innovación».

CONSENSO EN FINANCIACIÓN

También se han referido, tanto el rector de la UCO, como el consejero de Universidad, al nuevo modelo de financiación de las universidades públicas, felicitando Torralbo a Gómez Villamandos por haberse logrado «ese modelo pactado», pues, aunque no incluye «todo lo que le hemos pedido», ya que «alguna cosa se ha quedado en el camino», pero, «de forma general, la verdad es que se han atendido casi todas las sugerencias» planteadas por las universidades públicas, de modo que es «una buena noticia».

Por su parte, el consejero ha resaltado que «es un modelo de financiación que asegura la financiación a las universidades hasta el año 2027, con una cláusula de salvaguarda tremendamente novedosa y que da certidumbre absoluta a nuestras universidades. Un modelo que ya nos ha sido reclamado por otras comunidades autónomas y por otras conferencias de rectores» fuera de Andalucía, «porque es el modelo que quieren aplicar y que quieren plantear a sus gobiernos autonómicos para el futuro desarrollo» de las universidades públicas.

En definitiva, según ha subrayado, «es un modelo que no pretende ser, ni es un reparto de dinero, sino una senda de mejora, a través de contratos-programa, para que nuestras universidades tengan todo el potencial para desarrollar esa capacidad y hacerlas muchísimo más competitivas y, como decía también el rector, que colaboren más. No se trata de competir entre ellas, sino de colaborar para que el sistema universitario público andaluz sea mucho más potente de lo que es actualmente».

PDI E INCLUSIÓN

Por otro lado, el consejero se ha referido a la remuneración del Personal Docente e Investigador (PDI) y ha explicado que hay «complementos salariales que se les dan al profesorado por su actividad docente, su actividad investigadora y su actividad de gestión», recordando que «desde el año 2017 no se convocaban, y ayer se inició la tramitación para un nuevo decreto de estos complementos, que van a permitir a nuestro profesorado anualmente solicitarlo, dependiendo de los méritos que vayan obteniendo».

Pero ello con una novedad positiva, la de «una simplificación administrativa tremenda», pues «en tres o cuatro meses estarán resueltos, a diferencia de lo que sucedía antes, que era un trabajo de muchísima burocracia, y eso llevaba a que se tardara más de un año en resolver», a lo que se suma el que también se incorporan «nuevas figuras que hasta ahora no eran beneficiarias de este tipo de complementos. Con eso damos un salto importante para que nuestro profesorado tenga la retribución económica que se merece a través de estos complementos salariales y también, evidentemente, en todo lo que se dedica a estudiantado».

La cuestión, según ha concluido, es «generar oportunidades» y, por eso, «dejamos 47 millones de euros, a través de las bonificaciones, en los bolsillos de los andaluces», para que «ese dinero se pueda gestionar de otra forma por las familias, y además de eso contribuir a hacer unas universidades inclusivas a través de distintas medidas», como el incluir, «por primera vez, un 1% adicional de plazas para que aquellos estudiantes que se encuentran en riesgo de exclusión social puedan acceder a titulaciones sin necesidad de competir con el resto de los estudiantes que viven en unas mejores condiciones».