AMA espera que la paralización de los derribos de Argoños no sirva «para dilatar un proceso que dura décadas»
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha valorado la paralización judicial del derribo de 86 viviendas en Argoños de forma positiva «pero con matices», en el sentido de que este hecho «no sirva para dilatar más un proceso que dura décadas ni de excusa para inacción de otros».
En este sentido, ha reclamado que las resoluciones del Parlamento de Cantabria para dar una solución «definitiva y en justicia, reparando el daño causado» sean efectivas «en un periodo que no puede superar un año».
Así se ha pronunciado la asociación este lunes después de que ayer el Gobierno regional anunciara que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha paralizado el derribo de 86 viviendas en Argoños, 78 en la urbanización Pueblo del Mar y ocho en La Llana 2, al estimar el incidente de inejecución de sentencias presentado por el Ejecutivo, junto con el Ayuntamiento y las respectivas comunidades de propietarios.
En un comunicado, AMA ha manifestado que los afectados por los derribos respetan las decisiones del tribunal pero creen que hay que ser «sumamente prudentes en las interpretaciones y las apreciaciones que pueden generar falsas esperanzas», pues 15 años después de otras suspensiones temporales dictadas por la justicia –como para las 244 viviendas de las promociones Pueblo del Mar I y Las Llamas II, situadas en Argoños, y El Encinar, en Arnuero– «se sigue sin resolver la situación de injusticia generada por las administraciones públicas».
Con todo, AMA considera que las resoluciones sobre las 86 viviendas de Argoños son «positivas, en la medida que corrigen el sinsentido que pudiera suponer continuar con los derribos de unas viviendas que luego el planeamiento vigente permitiría de nuevo construir», si bien espera que no dilaten el proceso.
En este sentido, la asociación confía en que «pronto», la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC pueda resolver sobre el fondo de la cuestión judicial, es decir, «sobre si las licencias presentadas, los incidentes de inejecución cumplen la legalidad vigente o hay que proceder al derribo de las viviendas».
Porque la asociación lleva un cuarto de siglo esperando una decisión definitiva y «ahora los afectados no pueden seguir esperando más: en esta misma semana son tres los fallecidos del colectivo y desde 2005, más de 220».
Al respecto, ha advertido que dilatar las soluciones hasta pronunciamientos de otros órganos judiciales puede hacer esperar a los afectados «muchos años más, lo cual sería seguir profundizando en el daño a ciudadanos que no tienen culpa alguna», por lo que espera que el Parlamento de Cantabria resuelva el asunto en el plazo máximo de un año; y que las palabras de apoyo de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y del consejero de Fomento, Roberto Media, sobre ayuda a las familias «se hagan realidad».
«Desde AMA seguimos insistiendo que hay que dar soluciones rápidas y no dilapidar el dinero público con procesos interminables. Simplemente las nuevas licencias presentadas superan el millón de euros», ha concluido.
